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Los fiscales, tras la renovación de García Ortiz: "Lo más grave es el desprecio del Gobierno al Tribunal Supremo"

Fuentes fiscales consultadas por LD denuncian "la declaración de intenciones del Gobierno al renovar a García Ortiz después de la sentencia del TS".

Fuentes fiscales consultadas por LD denuncian "la declaración de intenciones del Gobierno al renovar a García Ortiz después de la sentencia del TS".
Álvaro García Ortiz | LD

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian "el desprecio mostrado por el Gobierno de Pedro Sánchez hacia el Tribunal Supremo tras anunciar la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, sólo un día después de conocerse la sentencia del Alto Tribunal que anulaba el ascenso y el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala Militar".

La sentencia del Supremo considera acreditado que la finalidad buscada por el fiscal General del Estado fue asegurar a Delgado su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que es una carencia de la legislación en vigor. De esta forma, se aparto de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito. Además, el Supremo apreciaba "desviación de poder", la antesala del delito de prevaricación, ya que este concepto consiste en "el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico". Dicho nombramiento fue recurrido por otro de los candidatos a la Fiscalía Militar, el que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, que fue purgado por García Ortiz tras presentar el recurso.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "la actitud del Gobierno es una declaración de intenciones al renovar a García Ortiz en su puestot ras la sentencia del Supremo. Es un desprecio absoluto hacia el Alto Tribunal que evidencia lo que le importa al Ejecutivo sus sentencias".

Respecto a la renovación en sí de García Ortiz, no ha sorprendido en exceso en el Ministerio Fiscal: "El Gobierno no busca un fiscal general independiente que defienda con sus principios y con firmeza la legalidad. El PSOE quiere un fiscal general que actué como su lacayo para hacer el trabajo sucio y moldear las investigaciones conforme a sus intereses".

"Durante su mandato, García Ortiz ha efectuado el mismo trabajo sectario que Dolores Delgado, pero no molesta, es más educado, tiene mejores formas y ha protagonizado la mitad de escándalos que su predecesora. Con eso, es suficiente para que el Gobierno de Sánchez le renueve en el cargo, a pesar de que tiene a la mitad del Ministerio Público en pie de guerra por no oponerse a la Ley de amnistía y condenar la intención del Ejecutivo de perseguir a jueces y fiscales por supuesto lawfare", añaden.

De hecho, los vocales de la Asociación de Fiscales AF han solicitado este jueves una que el próximo Consejo Fiscal incluya en su orden una declaración de amparo para todos los fiscales que participaran en investigaciones relacionadas con el 1-O.

García Ortiz fue designado fiscal general del Estado por primera vez el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año. Su renovación será oficial en el Consejo de Ministros previsto para el próximo 28 de noviembre.

La carta de 18 ficales del Supremo

La renovación de Álvaro García Ortiz coincide con la carta enviada al fiscal general del Estado por 18 fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la que le critican por "ignorar deliberadamente" la petición de "amparo institucional" de los fiscales del 1-O frente a las comisiones de investigación parlamentarias pactadas por PSOE y Junts para detectar supuestos casos de 'lawfare'.

En la misiva, los firmantes expresaban su "decepción por la falta de voluntad" del fiscal general de "salir al paso de las injuriosas insinuaciones" sobre la actuación de los fiscales del 1-O que "se han plasmado en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts" relativas al denominado lawfare (también conocido como 'guerra judicial) contra el independentismo catalán.

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