Día 16 de noviembre: investidura de Pedro Sánchez gracias a los pactos con los separatistas cosechados unas semanas antes. Y tan sólo dos días después –martes 14 de noviembre– de que las asociaciones de la Guardia Civil recibieran dos de los graves avisos que han tenido que masticar estos días. El primero fue la comunicación del expediente de suspensión de empleo y sueldo de tres meses para Agustín Leal, el portavoz de la asociación profesional mayoritaria que osó citar en público el decálogo que jura la Guardia Civil para explicar los motivos de la oposición de los agentes a la amnistía de Sánchez y su asunción del lawfare.
El segundo de los jaques es menos llamativo, pero igual de profundo: ese mismo martes se citó a las asociaciones profesionales en la Dirección de la Guardia Civil con motivo de la primera reunión del "Grupo de trabajo sobre Elaboración Normativa". Y allí, "por parte de la Administración se presentó el proyecto de Orden General para la elaboración normativa interna del Cuerpo". Todo un cambio en las reglas internas de elaboración normativa para dar más poder al Gobierno. Sánchez se prepara para dar la vuelta a la Guardia Civil.
En esa reunión no se ocultó que se pretendía "derogar la anterior orden que data del año 1989 y que, tras la aprobación de las diversas normas legislativas del ámbito administrativo, ha quedado abrogada". Desde la asociación JUCIL recuerdan que, "como viene siendo habitual por la DGGC (Dirección General de la Guardia Civil), no se remitió con anterioridad el proyecto normativo, aludiendo la Administración que prefería darse a conocer en la primera reunión el motivo de la nueva orden general para que, posteriormente, las asociaciones profesionales pudieran realizar sus observaciones".
Las actas de JUCIL destacan que, "en síntesis, la norma viene a regular la forma de llevar a cabo la producción normativa en el seno de la Guardia Civil, tildándola de norma meramente procesal y de tramitación" y "desechando inicialmente que tenga que pasar por el Pleno del Consejo para su aprobación". Traducido: más poder para el Gobierno, menos para las asociaciones de los guardias civiles.
"Se nos emplaza nuevamente a comparecer el próximo día 23 de noviembre del presente, abriendo un plazo para presentar alegaciones a la norma", añaden. Pero, "desde la Asociación Profesional se insta a que sea remitido el texto con anterioridad, aunque sea en días previos, para que teniéndolo físicamente se pueda realizar una lectura y conocer con mayor profundidad el motivo por el cual se acude al grupo de trabajo convocado".
La relación de este Gobierno con la Guardia Civil nunca ha sido buena. Especialmente, tras el ataque –sentenciado ya como ilegal– perpetrado por el ministro Fernando Grande-Marlaska al coronel Pérez de los Cobos y las continuas reducciones de peso y presencia implantadas por el Ejecutivo en el cuerpo de la Benemérita. Pero ahora la sensación es de toda una ofensiva para alterar las reglas internas del cuerpo aprovechando el inicio de una nueva legislatura donde las exigencias de Bildu, Junts y ERC van a marcar el rumbo del Gobierno.
El Ministerio del Interior, de hecho, expedientó ese mismo martes 14 de noviembre, con el fin de imponer tres meses de suspensión de empleo y sueldo por "falta muy grave", al portavoz de JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, por haber afirmado que "hemos jurado defender la Constitución y alguien quiere convertirla en papel mojado". "La amnistía vulnera el principio de igualdad ante la ley, y de concederla ya no seríamos iguales todos los ciudadanos. Es algo gravísimo, dejaríamos de ser un Estado de Derecho y comenzaría la descomposición de nuestra democracia", explicaba. "La defensa de la Constitución es nuestro deber y vocación. Que los guardias civiles defiendan la Constitución sólo debe preocupar a los delincuentes o quienes pretenden saltarse la ley" añadía. "Estamos ante el mayor riesgo para la libertad de los españoles", aclaraba Leal.
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