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Los temores del CGPJ: "El asalto del Gobierno, una leva judicial y la creación de Consejos de Justicia autonómicos"

Fuentes del CGPJ consultadas por LD afirman que "el primer temor es el asalto que está planificando el Gobierno a través de Félix Bolaños".

Fuentes del CGPJ consultadas por LD afirman que "el primer temor es el asalto que está planificando el Gobierno a través de Félix Bolaños".
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se enfrenta a tres peligrosos escenarios tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno: "El asalto del Ejecutivo, una leva judicial y la creación de Consejos de Justicia autonómicos"

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que "el primer temor es el asalto que está planificando el Gobierno de Sánchez al Consejo a través del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Si el PSOE no logra pactar la renovación con el PP, se reforma la Ley para designar a los vocales del Consejo para dejar al margen a los populares. De esta forma, el CGPJ tendrá una mayoría izquierdista que trufará de jueces con esta ideología las plazas vacantes en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de justicia".

"A todo esto, habrá que sumar el apoyo del Gobierno a los independentistas catalanes para crear comisiones de investigación parlamentarias para perseguir a jueces que sean acusados de haber efectuado supuestamente ‘lawfare’ (guerra judicial", añaden.

Precisamente, la semana pasada Sumar, el partido de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, presentaba una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el Pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la Ley de Amnistía sobre el 1-O.

La querella acusaba a los vocales conservadores del CGPJ de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación de ejercer cargo público, por promover una resolución "ilegal", "arbitraria" y que excede las competencias del CGPJ. Se dirige concretamente contra los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. También contra Wenceslao Olea, que votó a favor, y apunta a Vicente Guilarte, el presidente suplente del Consejo, que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de dicho pleno en la que estos juristas lanzaron su resolución contra la futura ley de amnistía.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el segundo temor del CGPJ es la organización de una leva judicial. Es decir, rebajar las condiciones exigidas para convertirse en juez con el objetivo de cubrir el déficit de jueces. En el Gobierno consideran que sólo una persona con un mínimo de nivel adquisitivo medio o medio-alto puede acceder a la judicatura y que su ideología suele ser de derechas. Si se eliminan obstáculos para que personas de clase media-baja, o baja, pueden ser jueces habrá más magistrados de izquierdas".

"El tercer temor se basa en que el Ejecutivo constituya Consejos de Justicia autonómicos para diluir la responsabilidad y las competencias del CGPJ. Cabe destacar que éste es uno de los anhelos que persiguen desde hace años lo independentistas catalanes", concluyen.

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Pleno del CGPJ.

Ya ha empezado la persecución a los jueces

Tal y como publicó este diario, en el CGPJ consideran que "la querella presentada por la formación que lidera Yolanda Díaz no tendrá ningún recorrido en el Tribunal Supremo. De hecho, Sumar ha dado la razón a los vocales del Poder Judicial que denunciaron la persecución que iba a iniciar el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez contra los jueces. La querella de Sumar ya ha llegado a oídos de la Comisión Europea como prueba de la caza de brujas que ha iniciado el Ejecutivo contra los jueces en España para luchar contra el supuesto lawfare (guerra judicial).

Sumar atribuye a los promotores de esa declaración institucional del CGPJ arrogarse atribuciones que corresponden exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado.

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