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Marlaska envía a su segundo a silenciar a la Guardia Civil tras relegarles en control de fronteras y atacarles

Ante la estrategia del ministro para evitar las críticas, asociaciones del Cuerpo reafirman su pacto y no intervendrán hasta el 14 de diciembre.

Ante la estrategia del ministro para evitar las críticas, asociaciones del Cuerpo reafirman su pacto y no intervendrán hasta el 14 de diciembre.
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Las asociaciones profesionales representativas en el Consejo de la Guardia Civil se ven este martes, 28 de noviembre, las caras con el director del Cuerpo, Leonardo Marcos. Lo hacen después de que el pasado mes de septiembre las mismas asociaciones representativas de los guardias se cansaran del desprecio y ausencia del ministro Fernando Grande-Marlaska y decidieran abandonar el Pleno del Consejo "como consecuencia de los continuos desplantes y menosprecios a los guardias civiles y a sus representantes". Todo ello porque el ministro batió el récord de ausencias a lo largo de los dos últimos años e, incluso, en aquella cita, fuera el propio Marcos el que optara por enviar a un suplente. Ahora se citan. Y lo hacen después de que el Ministerio haya expedientado a tres miembros de las asociaciones por su rechazo a la ley de amnistía y tras relegar a la Guardia Civil en el control de fronteras. Y Marlaska envía a su hombre para intentar silenciar las críticas.

Las asociaciones de la Guardia Civil saben a lo que acude el director del Cuerpo. Y, como medida preventiva han decidido reafirmar su pacto de "unidad de acción en la reunión de la comisión preparatoria de las sesiones del Consejo de la Guardia Civil". Así, "se han abstenido de intervenir en todos los puntos del orden del día, reservándose sus intervenciones para el Pleno del día 14 de diciembre de 2023". Y pactando que en la reunión de este 28 de noviembre "los representantes de los guardias civiles mantienen su ofrecimiento de dialogo abierto para llegar a un consenso para que durante la legislatura se produzcan los cambios necesarios que permitan la modernización del Cuerpo y las mejoras laborales de los guardias civiles". Traducido: van todos de la mano. Sin fisuras. Justo después de que el Ministerio haya atacado a tres miembros de las asociaciones. Las organizaciones firmantes son Independientes de la Guardia Civil, ASES-GC (suboficiales), Asociación Española de Guardia Civil, JUCIL, AUGC, Unión de Oficiales y Asociación Profesional de Cabos.

Todo ello ocurre después de que Fernando Grande-Marlaska haya suspendido cautelarmente de empleo y sueldo a tres guardias civiles integrados en asociaciones de la Benemérita: les ha abierto expediente por falta muy grave tras criticar la ley de amnistía y el ataque a los jueces (por supuesto lawfare) pactado por el PSOE y Junts. Dos de los guardias expedientados son el presidente y vicepresidente de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC). El tercero es Agustín Leal, portavoz de JUCIL, la asociación mayoritaria del Cuerpo.

Para colmo, el encuentro se mantiene después también de que la misma JUCIL haya tenido que presentar un recurso contencioso-administrativo para impugnar los artículos que "restan atribuciones en aeropuertos y fronteras a los guardias civiles", señala la asociación. "JUCIL recuerda que defenderá los intereses de los guardias civiles frente a cualquier intento de limitar o de suprimir competencias del Instituto Armado" y que justo eso es lo que ocurre con la "orden de Interior 859/2923 de 21 de julio por la que se desarrolla la estructura orgánica y las funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía". JUCIL considera que esta orden atenta contra algunas competencias propias de la Benemérita. Por ello, los servicios jurídicos de JUCIL formalizaron la semana pasada la demanda contra esta orden ministerial. Los motivos de la demanda se centran en los preceptos que "atentan contra las competencias que le han sido atribuidas a la Guardia Civil por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En concreto, JUCIL ha impugnado varios artículos de esta ley. En primer lugar, el artículo 8.2.e), que "integra el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras". JUCIL argumenta que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras no puede depender de la Dirección General de la Policía. Por este motivo, se propone la creación de un órgano de nivel superior y jerárquicamente común a las dos fuerzas de seguridad del Estado, dado que también existen competencias en esta materia que le corresponden a la Guardia Civil. La asociación ha impugnado, además, el inciso que les resta competencias en "seguridad interior de los aeropuertos".

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