La cúpula del Ministerio Fiscal ha sido colonizada por fiscales izquierdistas durante los 3 años de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital señalan que "de los 17 fiscales que ascendieron a la categoría de fiscal de Sala y vieron incrementado su salario durante el mandato de Delgado y García Ortiz, 14 son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Dicha asociación izquierdista es a la que han pertenecido toda su vida Delgado y García Ortiz".
Los fiscales de la UPF ascendidos a fiscal de Sala son los siguientes y entre los beneficiados se encuentra los propios Delgado y García Ortiz, porque durante sus mandatos se beneficiaron mutuamente con designaciones: Dolores Delgado, fiscal de Sala de lo Militar; Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Sala de Odio; Ana García León, fiscal jefe de la Secretaría Técnica; Luis Manuel López de Aranguren, fiscal de Sala de lo Social; Esmeralda Rasillo López (fiscal de Sala de lo Militar); Manuel Martín-Granizo Santamaría, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas; Álvaro García Ortiz, fiscal jefe de la Secretaría Técnica; Teresa Peramato Martín, fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer o Eduardo Esteban Rincón, fiscal de Sala de Menores (nombramiento anulado por el Tribunal Supremo)
También Félix Pantoja García, fiscal de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo; Luis del Río, fiscal de Sala de Seguridad Vial; Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal de Sala de Extranjería; María Antonia Sáinz Gaite, fiscal jefe de la Inspección fiscal (exUPF) y María José Segarra, fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores.
Los tres fiscales ascendidos no pertenecientes a la UPF fueron: Alejandro Luzón Cánovas, fiscal jefe Anticorrupción (no asociado); Jesús Tirado Estrada, fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo (Asociación de Fiscales AF) y Francisco Jímenez Villarejo, fiscal de Sala de Cooperación Internacional (AF).
Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "la Carrera Fiscal cuenta con unos 2.700 miembros, de los cuales, los afiliados de la UPF eran aproximadamente 240. Un número que habría sufrido un acusado descenso y que en la actualidad se situaría en cerca de 200, precisamente como consecuencia de la animadversión hacia la gestión de Delgado y García Ortiz".
"Los datos reflejan que el 85% de los fiscales ascendidos a la primera categoría de la Fiscalía se ha concentrado en una asociación, la UPF, que apenas supone el 8% de todos los miembros en activo de la propia Fiscalía. Esto es una vergüenza y un escándalo. Así se ha colonizado la Fiscalía durante el Gobierno de Pedro Sánchez", concluyen.
García Ortiz suspende el examen de idoneidad del CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado por primera vez en su historia este jueves la idoneidad de un fiscal general del Estado. El protagonista de este hecho insólito en democracia ha sido Álvaro García Ortiz, cuyo mandato fue renovado por el Gobierno de Pedro Sánchez durante el Consejo de Ministros celebrado esta semana. El Pleno del CGPJ ha rechazado por 8 votos a 7, la propuesta de informe a favor que se elevó sobre García Ortiz y concluye así que el actual fiscal general del Estado no es idóneo para el puesto.
Los 8 vocales que han votado en contra de la idoneidad del fiscal general son del denominado sector conservador, mientras que el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, se ha unido a 6 vocales izquierdistas para avalar la idoneidad de García Ortiz. A través de este informe no vinculante, el órgano de gobierno de los jueces cumple con el trámite de audiencia que impone la Constitución para poder nombrar al fiscal general. Para analizar la idoneidad del candidato, el CGPJ debe estudiar los dos requisitos que marca a ley: ser un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional.
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