El Gobierno de Pedro Sánchez piensa vengarse de las asociaciones críticas con sus pactos y con la ley de amnistía. Y no piensa sólo en expedientar a los portavoces que se atrevan a levantar la voz contra la voladura constitucional. Quiere ir más allá y restar poder a sus asociaciones para debilitar el peso de estas organizaciones y apartar a los protagonistas incómodos, como ya hizo con el coronel Pérez de los Cobos en plena investigación judicial del 8M y el covid.
Fuentes de las asociaciones de la Guardia Civil confirman que la orden de revisar la normativa reguladora del comportamiento de las asociaciones profesionales de la Benemérita ya ha salido de Moncloa. Y eso que la norma no es en absoluto antiguo ni excesivamente benévola con los guardias. Pero Pedro Sánchez quiere ir eliminando elementos molestos en su camino hacia el cumplimiento de los pactos de ataque a la Constitución Española.
La actual norma reguladora de esta materia es el Real Decreto 175/2022, de 4 de marzo, por el que se desarrollan los derechos de las asociaciones profesionales de guardias civiles, de sus representantes y de los miembros del Consejo de la Guardia Civil elegidos en representación de los miembros del Cuerpo.
Y allí se plasma "el mandato que la citada ley orgánica recoge en su articulado de regular reglamentariamente el derecho a realizar propuestas y dirigir peticiones relacionadas con los fines de las asociaciones profesionales a las autoridades competentes, y el derecho de acceso de los miembros de las asociaciones que formen parte del Consejo de la Guardia Civil y de un representante designado por las asociaciones profesionales representativas que no formen parte de dicho Consejo a los acuartelamientos e instalaciones para participar en actividades propias del asociacionismo profesional". Esa norma también "desarrolla el resto de derechos reconocidos a las asociaciones profesionales de guardias civiles, las personas representantes y vocalías del Consejo de la Guardia Civil en representación del personal de la Guardia Civil". Y ahora Sánchez ha pedido un recorte de esa norma en la parte que afecta a las potestades de las asociaciones profesionales.
La norma actual señala que "con las adaptaciones necesarias a las peculiaridades del sistema de elección de vocales para el Consejo de la Guardia Civil y huyendo de la configuración del tiempo en horas y optando por su transformación en días, este real decreto articula el derecho a disponer de un determinado tiempo para el desarrollo de actividades relacionadas con las condiciones de vocal o representante, alineándose con el criterio que emplea el Estatuto Básico del Empleado Público".
Y que "consecuentemente, se asigna tiempo tanto a las vocalías del citado Consejo, como a las personas representantes de las asociaciones que obtuvieron representación en el Consejo. Con el sistema propuesto se refuerzan las figuras de quienes son vocal en el Consejo y máximo representante de las asociaciones, se racionaliza la asignación y el disfrute del tiempo y, además, se aumenta el tiempo disponible que garantiza que las personas beneficiarias puedan ejercer sus funciones de vocalía del Consejo y de representante de la asociación con suficientes garantías". Es más, "el aumento gradual del disfrute de tiempo, no sólo para las funciones de vocal del Consejo, sino también de las funciones de representación ejercidas por determinado número de personas representantes de las asociaciones, lleva asociado la ausencia de su destino".
Pero todo ello podrá ser ahora revisado.
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