El asalto a la Justicia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus socios de investidura han movilizado a las principales asociaciones judiciales, que claman a las instituciones europeas en busca de amparo ante una situación inédita en democracia. Una de esas asociaciones es la APM (Asociación Profesional de la Magistratura) cuya presidenta, la magistrada María Jesús del Barco, ha explicado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio lo que está sucediendo en España.
El pasado 5 de diciembre una delegación de juristas españoles acudió a Europa para "explicar la situación que tenemos en España". Esta situación es "que se haya hecho este pacto de investidura en el que se habla de una Ley de Amnistía que no tiene encaje en la Constitución y que vulnera dos principios esenciales: la igualdad de todos ante la Ley y rompe con la separación de poderes". Para la magistrada "es un ataque frontal contra el Estado de Derecho" y ha indicado que "eso fue lo que fuimos a denunciar" además de "la creación de comisiones parlamentarias de investigación en las que se quiere revisar la actuación de los jueces".
Uno de los últimos ejemplos de los ataques a los jueces por parte de los socios de Pedro Sánchez fueron "las declaraciones de Míriam Nogueras en el Parlamento". Estas palabras de la portavoz de Junts "fueron bastante claras y sabemos cual es la intención", ha destacado María Jesús del Barco, porque la diputada separatista "citó a unos jueces concretos a los que tienen en el punto de mira desde hace mucho tiempo" diciendo que "tienen que ser juzgados y cesados". "Lo que se trata es de echar de la carrera judicial a los jueces que le estorban, una purga. Esto ya lo advertimos el día que conocimos el acuerdo en el que se habla de lawfare, de la judicialización de la política y se compra el pack completo que ha venido defendiendo el separatismo catalán", ha añadido.
La presidenta de la APM ha apuntado que "si nos leemos la proposición de Ley de Amnistía a lo largo de toda la exposición de motivos se recogen todas las aspiraciones separatistas, absolutamente todas. No se habla expresamente de lawfare, pero sí se culpa a los jueces de ese clima de desconfianza y persecución y se habla también del descontento de la ciudadanía con las instituciones, una ruptura, cada vez que se inicia un proceso judicial". Del Barco ha explicado que "los jueces hemos intervenido porque determinados políticos y otros ciudadanos han cometido delitos, no es que se haya judicializado la política es que ha habido políticos delincuentes y por eso los jueces han tenido que intervenir".
"Sin embargo, en ese pacto y en la proposición de Ley y en las comisiones parlamentarias que han sido aceptadas por el PSOE se habla de esto de Operación Cataluña. ¡Clama al cielo! Es que a lo largo de la proposición de Ley parece que los jueces de este país persiguen por ideas políticas. ¡Si nuestra Constitución permite todo! En nuestro país jamás desde que tenemos democracia los jueces de este país no hemos perseguido a nadie por su ideología y eso es lo que se trasluce del pacto de investidura con Junts, de la proposición de Ley y de la creación de las tres comisiones parlamentarias. Después de escuchar las inasumibles e indecentes palabras que dijo Miriam Nogueras en el Congreso y que Francina Armengol toleró y que ni siquiera quiso retirar del orden de sesiones… Si mantienes de facto lo mismo que te están diciendo y si el propio presidente del Gobierno en Europa habla de lawfare, pocas esperanzas al respecto", ha argumentado.
La realidad: "no hay reconciliación"
María Jesús del Barco ha comentado cómo se ha ido gestando la cuestión de la amnistía a los golpistas catalanes del 1-O. Ha recordado que "tuvimos la sentencia; luego llegaron los indultos porque eran necesarios para pacificar Cataluña; luego ha llegado la derogación del delito de sedición y la rebaja las penas en el delito de malversación, que era el siguiente paso de pacificación, y, ahora, lo que toca es la amnistía que es rendir el Estado de Derecho ante unos delincuentes".
"Esa es la realidad, aquí no hay ni reconciliación, ni qué bonita es la convivencia, ni un acto de valentía como se dice en la proposición de Ley", ha añadido la presidenta de la APM que ha apuntado que en esa proposición de Ley "dicen que el Estado de Derecho está muy bien, pero que hay que ir más allá, que el Estado de Derecho y la Constitución se me han quedado pequeños y dentro de la Ley no soy capaz de dar respuesta a unos partidos que cada vez tienen menos representación. No nos vendan la moto, que sabemos porqué se ha llegado a este pacto".
Los jueces en Cataluña
Para Del Barco la situación de los jueces en Cataluña le parece que "hasta ahora no ha sido muy buena", pero ha reconocido un punto positivo que "se haya juzgado a los delincuentes del 1-O". En este sentido, ha argumentado que "el Estado de Derecho, que es lo que funciona, es el que garantiza la convivencia y también que un juez pueda desempeñar sus funciones de manera correcta y sin miedo a que te señalen cuando estás viviendo en un pueblo pequeño de Gerona".
"Ese es el problema, la convivencia sólo existe porque se respeta la Ley y es el Estado de Derecho el que garantiza la convivencia y lo que se está diciendo es que el correcto funcionamiento de las instituciones es lo que ha complicado la convivencia en Cataluña y no, es todo lo contrario. Cuando no se cumplen las normas todos los ciudadanos corren peligro, sobre todo los más débiles. Veremos a ver qué pasa ahora porque cuando se crean unas comisiones parlamentarias para revisar las decisiones de los jueces no puedes pretender que un juez trabaje con la espada de Damocles sobre su cabeza pendiente de qué va a pasar si le van a llamar a una comisión parlamentaria", ha explicado Del Barco. Cree que "lo que viene es a atentar contra la independencia judicial porque los jueces independientes somos lo más molesto que hay para un político que no quiere actuar correctamente. Los diputados tienen que entender que fuera de la Constitución no pueden hacer nada porque no se protegen los derechos y libertades de los ciudadanos".
La magistrada ha dicho que "un país en el que se cuestiona y se trata de atacar la independencia judicial y se quiere poner un candado en la boca de los periodistas mal camino lleva porque de democrático tiene más bien poco. Sin libertad de expresión ni de prensa ni independencia judicial poco más nos queda para convertirnos en una república bananera". Ha añadido que no le gusta "que los jueces estén en política" porque "rompe lo que entiendo que es la judicatura y un ejercicio independiente de la jurisdicción".
Ha apuntado que "nuestra Constitución permite su reforma" y que "si quieren reformarla vayan a los mecanismos de reforma que establece la propia Constitución, pero no vayan por la puerta de atrás por la vía de hecho para que no pase con lo que sucedió con el Estatut". "Ese es el problema", ha señalado la magistrada, "que quieren cambiar lo que llaman de manera despectiva el Régimen del 78 por la puerta de atrás".
Movilización de los jueces
Sobre la movilización de los jueces y si se mantendrá en el tiempo cree que "veremos cosas peores y tendremos que estar atentos y nosotros como asociación profesional vamos a reaccionar a todos los ataques acudiremos a Europa para que se haga un seguimiento permanente de lo que está pasando en España".
Ha recordado que "la independencia judicial no es un derecho del juez sino de los ciudadanos" y que "difícilmente podemos tutelar los derechos y libertades de los ciudadanos si no nos dejan actuar con independencia y si pretenden presionarnos". "Cuando nosotros protestamos no es porque estemos defendiendo nuestra función o solamente por eso sino porque es tutelar los derechos y deberes de los ciudadanos y porque el Estado de Derecho existe para proteger a los débiles. Los poderosos se protegen por sus propios medios, pero al ciudadanos sólo le protege el cumplimento de la Ley".