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El Consejo de Europa se pronunciará sobre la legalidad de la amnistía "a más tardar en marzo"

Aunque sus decisiones no son vinculantes, el dictamen tendrá una marcada trascendencia política.

Aunque sus decisiones no son vinculantes, el dictamen tendrá una marcada trascendencia política.
Carles Puigdemont en Estrasburgo. | EFE

Tras la petición de la Mesa del Senado, a instancias del PP, de un dictamen con carácter de urgencia para que el Consejo de Europa se pronunciara sobre la ley de amnistía, la Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa, ha anunciado que lo tendrá listo "a más tardar en marzo de 2024".

Según fuentes del organismo europeo, la decisión fue tomada en sesión plenaria en respuesta a la petición cursada por el Senado la semana pasada con el fin de que la valoración estuviera a tiempo para el debate que se celebre sobre la Ley de Amnistía, que acaba de arrancar su tramitación parlamentaria.

La decisión de aceptar el encargo fue tomada por la Comisión de Venecia en su sesión plenaria del pasado viernes y sábado, aunque sus conclusiones no han trascendido hasta este lunes, cuando ha sido publicada la sinopsis de la reunión.

El organismo europeo concluye que preparará su dictamen sobre el proyecto de ley parlamentario "de amnistía para la normalización institucional, política y social" de Cataluña "a más tardar para el pleno de marzo de 2024". Antes, la institución deberá designar un grupo de trabajo formado por expertos constitucionales internacionales.

Además, el pleno ha decidido atender una segunda petición, esta presentada por el presidente de la propia asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, el socialista holandés Tiny Kox, para preparar un estudio más general sobre "los requisitos del Estado de derecho que una amnistía debe cumplir" que deberá estar listo también "a más tardar" en marzo del próximo año.

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa por lo que sus conclusiones no son vinculantes para los países miembro, pero es considerada una voz autorizada en materia de Estado de derecho, justicia y Derechos Fundamentales.

Son precisamente sus estándares los que la Comisión Europea evoca en sus recomendaciones sobre Estado de derecho cuando reclama a España la renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial y emprender, inmediatamente después, una reforma del sistema de elección de los vocales para que al menos la mitad sean elegidos por los jueces.

La Comisión Europea también está examinando la norma pactada por el PSOE con Junts y ERC, pero los servicios jurídicos de Bruselas no emitirán su opinión hasta que la ley haya cumplido su tramitación parlamentaria y adopte su forma definitiva, incluidas las enmiendas.

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