Esta vez no sólo es una cuestión de dinero. La Generalidad quiere más dinero para su departamento de Educación, uno de los pilares de su desafío separatista, pero ahora añade a esa petición la de que los docentes de Cataluña dejen de depender del Estado a efectos de acceso a la función pública, titulaciones y traslados para convertirse en un "cuerpo catalán".
La consejera de Educación, la republicana Anna Simó, se reunió este jueves en Madrid con la ministra Pilar Alegría para emprender otra negociación bilateral entre la Generalidad y el Gobierno. Sobre la mesa, un documento de unos catorce folios que la consejera Simó definió como "plan de trabajo para la legislatura". La Generalidad necesita más dinero para financiar su modelo educativo, para afrontar la llegada de alumnos inmigrantes y también pretende quedarse con todas las competencias que en materia de instrucción pública aún son estatales. Necesita que todos los docentes de Cataluña ya no dependan a título administrativo del Estado, sino que estén adscritos a todos los efectos a la Generalidad. Y además, que la inspección nacional desaparezca para que esas funciones las ejerza la administración autonómica.
El anuncio de la consejera en rueda de prensa ha causado una notable inquietud entre los sindicatos, que consideran que si Generalidad y Gobierno llegan a un acuerdo sobre la materia, los docentes de Cataluña quedarán atados a la región sin poder participar en los concursos de traslados. La excusa de la Generalidad es que el hecho de que la capacidad normativa corresponda al Estado limita las posibilidades de mejora y de desarrollo de la educación en Cataluña.
Efectos del informe PISA
Los pésimos resultados del Informe PISA, en el que los alumnos catalanes aparecían en último lugar en matemáticas y comprensión lectora han provocado un fuerte impacto social. Los partidos independentistas habían sostenido hasta ahora que la escuela catalana era de las mejores del mundo. También ensalzaban las supuestas bondades de la inmersión lingüística como pilar esencial del modelo. El informe PISA ha desmentido con estrépito la propaganda separatista en torno a la enseñanza.
En ese contexto, la Generalidad culpó primero a los alumnos inmigrantes. Para sofocar el escándalo cambió de versión y recurrió al comodín de la pandemia. También adujo el efecto de los teléfonos móviles entre niños y adolescentes. Ahora la culpa es del Estado, de ahí que la Generalidad pida el vaciado de competencias estatales en Cataluña. En la práctica, un sistema educativo propio y, sobre todo, diferente al del conjunto de España.
Por otra parte, la comisión de eurodiputados que visitó recientemente Cataluña para comprobar la aplicación de la inmersión lingüística no fue precisamente bien recibida por la Generalidad.
El control de la Generalidad sobre la educación es prácticamente total, pero ceñido en sus márgenes a la capacidad normativa del Estado.