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El Tribunal de Cuentas rechaza suspender la causa sobre el 1-O hasta que se apruebe la Ley de amnistía

El tribunal fundamenta la resolución denegatoria en que, a fecha de hoy, se desconocen los términos de la ley de amnistía sobre el 1-O.

El tribunal fundamenta la resolución denegatoria en que, a fecha de hoy, se desconocen los términos de la ley de amnistía sobre el 1-O.
Oriol Junqueras, votando en el referéndum ilegal del 1-O | Europa Press

La Consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, ha dictado un auto este jueves denegando la solicitud de suspensión del procedimiento sobre los gastos derivados del golpe del 1-O y la acción exterior para promocionar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 hasta que se apruebe la Ley de amnistía.

La petición de suspensión fue planteada por la defensa del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, el exconsejero Raúl Romeva y 7 codemandados más. Dicha solicitud se basaba en salvaguardar los principios de economía procesal y antiformalista, a fin de evitar posteriores trámites procedimentales innecesarios, una vez analizado el texto de la proposición de "Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña", y los efectos que en el mismo se prevén en relación con los hechos enjuiciados en el procedimiento de referencia.

La consejera del Tribunal de Cuentas fundamenta su resolución denegatoria en que, a fecha de hoy, se desconocen los términos concretos de la Ley de amnistía sobre el 1-O pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital señalan que "a la espera de que se aprueba la Ley de amnistía, es posible que el tribunal no pueda siquiera dictar sentencia sobre la causa. Con esta decisión, la consejera se limita a ganar tiempo y a no tener que mojarse con una resolución que en el futuro será tumbada por la amnistía".

La hipotética sentencia que dictase la consejera del tribunal Hernáez sería recurrible ante la propia Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y posteriormente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Hasta que no llegue al Alto Tribunal, la sentencia no sería firme y ejecutable. Por tanto, existen pocas posibilidades de que haya fallo y muchas menos de que se ejecute.

Cabe destacar que la proposición de Ley presentada por el PSOE amnistiará la responsabilidad penal, administrativa y contable de los golpistas. Precisamente, esta última era la que debía dirimir el Tribunal de Cuentas. Concretamente, establece que se amnistiarán "los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre del 2014 y al referéndum del 1 de octubre del 2017 (declarados ambos inconstitucionales en las sentencias del Tribunal Constitucional), que se hubiesen realizado entre el 1 de enero del 2012, año en el que comenzaron desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre del 2023".

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