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Así paga Bildu a la Iglesia que le respaldó en el País Vasco: exige a Sánchez la "reversión" de los bienes eclesiásticos

Los proetarras presionan a Sánchez con el objetivo de que dé el paso en la dirección de privar de bienes a la Iglesia.

Los proetarras presionan a Sánchez con el objetivo de que dé el paso en la dirección de privar de bienes a la Iglesia.
La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, junto a los diputados de la formación Oskar Matute y Bel Pozueta, durante el pleno del Congreso de los Diputados en el que comparece el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para informar sobre la situación en Gaza, Israel y Oriente Medio, este martes en Madrid. EFE/Mariscal | EFE

Roma no paga a traidores. Podría ser el título del último movimiento político de Bildu. Y es que ha iniciado una ofensiva para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe en base a su famoso informe sobre bienes inmatriculados de la Iglesia, un estudio que aseguraba que había miles de inmuebles indebidamente inscritos por la Iglesia en el Registro y que, por lo tanto, debían ser devueltos a sus supuestos legítimos dueños. Bildu quiere que Sánchez fuerce a la Iglesia a desprenderse de esos bienes. Y lo hace después de que la Iglesia vasca no dejó de dar cobijo a los etarras.

"Pregunta oral en Pleno. ¿Abordará el Gobierno la reversión de las inmatriculaciones de la Iglesia aún pendiente?". Se trata del último texto registrado por los proetarras para presionar a Sánchez con el objetivo de que dé el paso en la dirección de privar de bienes a la Iglesia.

Informe del Gobierno socialista

Hay que recordar que Bildu se apoya en un informe instado por el propio Gobierno socialista en la pasada legislatura en que se acusaba a la Iglesia española de tener casi 35.000 bienes registrados que no le correspondían. La Iglesia española aseguró hace ya más de dos años que no tenía constancia de ostentar la titularidad de cerca de mil de los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia católica que figuraban en aquel listado oficial del Gobierno. Pero el Gobierno insistía en su informe en que la institución eclesiástica contaba con bienes que realmente no le pertenecían. De hecho, por aquellas fechas, el Gobierno y la Iglesia emitieron un comunicado conjunto en el que señalaba que "desde la reunión celebrada entre el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y el presidente de la Conferencia Episcopal Española", se habían "intensificado los trabajos de la Comisión "ad hoc" constituida entre ambas partes dentro del diálogo entre la Iglesia y el Estado español, sobre el asunto relativo a los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica".

El Gobierno aclaraba en aquella nota que, "en este sentido, a partir del listado remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados en cumplimiento de la PNL de 17 de febrero de 2017 sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en el periodo 1998-2015, la Conferencia Episcopal, en el contexto del diálogo con el Gobierno, ha hecho un estudio exhaustivo del mismo a través de consultas oportunas realizadas a las diócesis". Explicaba igualmente que "dicho estudio ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados". Y que "el análisis realizado por la Iglesia de dicho listado, en el marco de la mencionada Comisión, ha revelado, un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo. Se trata, concretamente, de un millar aproximado de bienes, cuyos datos han sido facilitados al Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal Española".

El propio Ejecutivo señalaba en ese texto que "la previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos". Pero, desde entonces, poco o nada se ha avanzado en lo que pareció una maniobra del Gobierno para dejar claro el eje de poder frente a la Iglesia.

Golpe al patrimonio de la Iglesia

Pues bien, ahora es Bildu el que exige que se actué, más allá de exhibiciones de fuerza.

En total el informe hablaba de 34.961 los bienes inmuebles que la Iglesia católica habría inmatriculado aprovechando una ley de 1998 que regularizó la situación registral de determinados edificios, apartamentos o fincas. El golpe al patrimonio de la Iglesia sería evidentemente enorme, en caso de llevarse a cabo la exigencia de Bildu.

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