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Dieciséis involucrados, dos reuniones y una cumbre: las conexiones del independentismo catalán con Moscú

Rusia tendió la mano, en octubre del 2017, a Puigdemont y a su equipo para culminar el proceso de independencia.

Rusia tendió la mano, en octubre del 2017, a Puigdemont y a su equipo para culminar el proceso de independencia.
Carles Puigdemont en Estrasburgo. | EFE

El magistrado Joaquín Aguirre, instructor del caso Voloh, cuenta con la información suficiente para prorrogar la investigación que inició contra el gobierno de Carles Puigdemont por desvío de fondos públicos y que ahora continúa para esclarecer los contactos del ejecutivo catalán con las altas esferas rusas. Así lo confirmaron ayer Esteban Urreiztieta y Cristina Rubio en El Mundo.

Al juez Aguirre le constan reuniones entre el Krémlin y Junts los días previos y posteriores al 8 de octubre de 2017. A dichos encuentros acudieron, según Urreiztieta y Rubio, Puigdemont, Gonzalo Boye -su abogado- y sus más cercanos colaboradores; Víctor Terradellas, Josep Lluís Alay y Elsa Artadi. Por la parte contraria, empresarios rusos y "los más altos capos de la mafia rusa".

A la espera de cuminar las investigaciones, la autoridad judicial ya confirma la intención del secesionismo catalán de influir "política y económicamente en la desestabilización de la democracia y la Unión Europea". Joaquín Aguirre entiende que ello podría haber puesto en riesgo la permanencia de España en la Unión.

Los enviados de Putin brindaron recursos económicos y militares a Cataluña una vez tuviese lugar la independencia. Como contrapartida, exigían una normativa de criptomonedas permisiva y el silencio de Puigdemont ante la represión de Putin contra el opositor ruso Alexei Navalny.

De confirmarse las sospechas del juez sobre los propósitos del independentismo, el futuro procesal de Puigdemont es cada vez más complejo. En Junts lo saben y, por ello, intensifican sus presiones contra el Gobierno horas antes de que tenga lugar la votación de la ley de amnistía en el pleno del Congreso: amenazan con votar en contra si no se garantiza la impunidad de los investigados por terrorismo y alta traición.

Visto lo visto, el magistrado Aguirre se erige, junto a García-Castellón, como el principal dique de contención frente al borrado histórico, político y jurídico que pretenden llevar a cabo el gobierno de Sánchez y sus socios.

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