El trabajo de los eurodiputados de los tres grupos constitucionalistas españoles en el Parlamento Europeo ha empezado a dejar su frutos. La labor del PP, Vox y Cs ha permitido ya que un texto oficial de la Cámara de la UE haya recogido una mención expresa a España y la necesidad de la defensa de la independencia judicial como materia de especial vigilancia. El informe es el que relata las amenazas a las libertades, la igualdad y la dignidad y, efectivamente, ha mencionado expresamente España. Todo ello mientras Pedro Sánchez, con un informe en contra de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados continua con la tramitación de la ley de amnistía.
El informe en cuestión aborda la situación de los derechos fundamentales en la UE y ha sido ya aprobado por el pleno con 391 votos a favor, 130 en contra y 20 abstenciones.
Los eurodiputados han pedido justicia frente al asesinato de periodistas y han acogido con satisfacción el acuerdo sobre la ley de libertad de los medios de comunicación. Igualmente han reiterado su preocupación por el uso de programas espía, una industria que requiere una regulación estricta, y han pedido, en particular a Grecia, Hungría, Polonia, España y Chipre, que sigan las recomendaciones del Parlamento al respecto.
El Parlamento ha recordado igualmente las elevadas cifras de violencia machista en todos los países de la UE –hay que recordar que sólo España ha osado aprobar una ley que ha puesto en la calle ya a cerca de 200 violadores y rebajado las penas de casi 2.000 agresores sexuales–. Y, con mención expresa a Hungría, el pleno ha pedido al Consejo Europeo que determine si su Gobierno ha cometido violaciones graves y persistentes de los valores de la UE en virtud del artículo 7, apartado 2, del Tratado de la UE.
Por otro lado, el Parlamento Europeo ha expresado su profunda preocupación por el creciente nivel de corrupción en varios países de la UE y sólo España de nuevo ha aprobado una rebaja de los delitos de malversación. Y, de gran importancia para la defensa de la Constitución Española, los eurodiputados también han denunciado "cualquier" intento gubernamental de influir en la independencia judicial y han pedido mecanismos de control efectivos. Justo cuando Sánchez se niega a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para dejar de nombrar jueces desde los partidos políticos.
El informe ha señalado "otros ámbitos de preocupación": las amenazas a las libertades de asociación, expresión y reunión, incluida la violencia policial y las detenciones masivas; la desinformación y la necesidad de garantizar la libertad artística; los incidentes racistas y basados en la religión; violaciones generalizadas de los derechos fundamentales contra migrantes y refugiados; el derecho de los niños al reconocimiento igualitario de la filiación en toda la UE; y, por ejemplo, la mejora de las salvaguardias institucionales (incluida la creación de la Agencia de los Derechos Fundamentales como autoridad independiente en materia de derechos humanos).
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