Pedro Sánchez ha topado con la realidad de sus pactos. Ha pactado con delincuentes y le exigen ilegalidades y delitos. Fuentes internas de Junts confirmaban a Libertad Digital su "órdago" pleno y hasta satisfacción a escasas horas del último varapalo asestado al PSOE tumbando por "escasa" la ley de amnistía que divide el terrorismo en light y grave para deslegitimar los delitos cometidos por los separatistas procesados. En Junts no hay ni la más mínima debilidad. Hablan del "todo o nada". Saben que la situación debilita al PSOE y lo saborean " porque ellos fueron los que auparon a ERC". Y saben que su única posibilidad de lograr un perdón, venganza contra la Justicia y hasta la independencia de Cataluña es con el impulso del Gobierno de Sánchez: y por eso, precisamente, le van a exigir todo. Porque sólo él es "capaz de hacerlo por seguir en el poder".
"Sánchez se creía que engañaría a Carles Puigdemont como ha engañado a otros y no es así", explica una fuente cercana a Puigdemont. Junts dijo desde el primer día lo que quería: una ley de amnistía plena y la independencia de Cataluña por medio de una referéndum separatista auspiciado por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Y es Sánchez el que pretende engañar a Junts. No al revés", señala esa misma fuente.
Y ahora lo constata Pedro Sánchez. Porque se ha hecho presidente a cambio de esas peticiones: amnistía plena para delitos de malversación, terrorismo y alta traición y el referéndum separatista.
La preocupación de Junts
Efectivamente, Junts siempre comunicó antes de la formación de gobierno un motivo de preocupación. La posibilidad de conceder el apoyo a Pedro Sánchez para la investidura y que, tras ello, una decisión judicial europea pudiera tumbar lo pactado, es decir, la ley de amnistía integral. Y es que, efectivamente, los jueces que tengan que aplicar la futura ley orgánica de amnistía pueden elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE por violación de la cláusula del Estado de derecho recogida en el artículo 2 del tratado de la UE.
El razonamiento jurídico de Junts es sencillo.
La ley de amnistía de 1977 e incluso la proposición de ley de 2021 señalaba que la aplicación de la ley de amnistía a cada caso concreto, por ejemplo, el de Carles Puigdemont, corresponde a los jueces y tribunales que conocen cada caso particular. La misma proposición de ley de 2021 presentada por ERC, Junts y PDeCAT recogía sin matices esta premisa en su artículo 4. Y eso implica que ese juez tendría capacidad para plantear una cuestión de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional antes de decidir –cuestión que dirimiría el órgano controlado por Cándido Conde-Pumpido– pero también otra cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE –no controlado por Conde Pumpido ni ningún jurista similar–.
Y es obvia la vulneración del derecho de la UE en materia de perdón del terrorismo y malversación –que tienen una definición unificada en el derecho europeo– y, ahora, del delito de alta traición, porque lo es por injerencia de Rusia, que desafía a toda la UE. Y todo ello, para colmo, se ha revestido de un ataque a los jueces que investigan los delitos de los separatistas haciendo saltar por lo aires el más mínimo respeto a la independencia judicial.