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García Castellón se revuelve contra Suiza por pedir explicaciones sobre la amnistía para investigar a Tsunami Democrátic

García Castellón recuerda a Suiza que en España "el Poder Judicial es un poder separado e independiente al legislativo y al ejecutivo".

García Castellón recuerda a Suiza que en España "el Poder Judicial es un poder separado e independiente al legislativo y al ejecutivo".
El expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en un vídeo difundido por la ANC (foto de archivo) | Europa Press

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha respondido a las autoridades de Suiza que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial con base en motivos políticos en esta causa de Tsunami Democratic en la que se investigan delitos de terrorismo.

El auto del juez explica que, desde el mes de noviembre, fecha en la que se cursó la primera comisión rogatoria al país helvético se solicitó también una reunión de coordinación en el marco de Eurojust con carácter urgente con la voluntad de aclarar las cuestiones relativas de auxilio judicial de la Audiencia Nacional, sin haber obtenido respuesta por parte de las autoridades suizas.

Esta situación, para el juez, resulta particularmente extraña, atendiendo la confianza recíproca que suele caracterizar la cooperación entre ambos Estados. "Se desconoce la razón por la que no se ha efectuado hasta el momento la reunión solicitada por este instructor, pero debe recordarse que la experiencia demuestra que la mejor manera de obviar comunicaciones reiterativas, referencias a noticias de prensa o equívocos es la comunicación directa entre las autoridades competentes", apunta.

En su auto, el juez considera que es "llamativa" la solicitud de explicación que figura en la comunicación suiza en relación con las posibles consecuencias de una ley de amnistía en relación con los miembros de la plataforma Tsunami Democratic y con la investigada Marta Rovira.

García Castellón recuerda que, en el Reino de España, así como en las democracias de la UE la función de los jueces "es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado" y añade que el Poder Judicial es un poder separado e independiente al legislativo y al ejecutivo y que, por tanto, no es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción, como tampoco lo es del legislador o del ejecutivo inmiscuirse en la función de juzgar, calificar o sentenciar.

Indica que en la comunicación recibida por las autoridades de la Confederación Helvética se insta a este instructor a dar "explicaciones" sobre una ley que "se está preparando" de la que la autoridad de ejecución ha tenido conocimiento "por la prensa". Para el instructor, "la explicación resulta manifiestamente inadmisible y no se puede sustanciar por este magistrado, sin entrar en más consideraciones de fondo".

Además, subraya que, en un Estado con poderes separados, no corresponde a los jueces formular opiniones consultivas sobre leyes en trámite, ni hipótesis sobre normas no publicadas ni en vigor, tal y como, de buen seguro, ocurre en Suiza. Este magistrado, advierte el juez, "desconoce cualquier cuestión relativa a la norma citada en la comunicación, y tampoco alcanza a advertir qué interés puede tener para quien atiende a una solicitud de naturaleza jurisdiccional, interrogar sobre una hipotética norma no aprobada".

Incoherencia del planteamiento suizo

El magistrado, indica que "debe subrayarse en la respuesta a Suiza la incongruencia que se advierte en la redacción de la petición, pues, de un lado el remitente refiere un pretendido trasfondo político de la solicitud de cooperación judicial y simultáneamente el remitente se interesa llamativamente sobre una cuestión de naturaleza eminente política ajena al estricto marco jurisdiccional en que debe ventilarse esta clase de solicitudes. Semejante incoherencia podría hacernos pensar que el sesgo político más bien atiende a la voluntad del responsable que recibe la comunicación. Puesto que se plantea una cuestión que nada tiene que ver con la función de este instructor, la respuesta no puede ser otra que abstenerse de consideración alguna".

En relación con la petición de localización de Marta Rovira, el juez explica que ha acudido a la vía de la cooperación judicial pues al tratarse de recabar información sobre el domicilio de una persona que afecta a un derecho fundamental reconocido en la Constitución ha entendido que el instrumento que ofrece mayor garantía es la cooperación judicial y no la vía policial. Respecto a la petición de información bancaria, el juez precisa que se fija hasta junio de 2020 porque es la fecha en que se tiene conocimiento de la voluntad de perpetrar actuaciones por parte de Tsunami Democratic.

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