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El Supremo se apoya en la Memoria de la Fiscalía General de Delgado de 2020 para investigar a Puigdemont por terrorismo

Según el Supremo, la propia Fiscalía General del Estado en la Memoria del 2020 se ocupó explícitamente "movimiento violento independentista catalán".

Según el Supremo, la propia Fiscalía General del Estado en la Memoria del 2020 se ocupó explícitamente "movimiento violento independentista catalán".
Ángeles Sánchez-Conde, Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado. | Fiscalía.

La Sala Penal del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena se apoya en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado del año 2020 para investigar al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, por un delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democrátic.

Tal y como desveló Libertad Digital el pasado 7 de febrero, la Fiscalía General del Estado incluyó a Tsunami Democrátic y a los CDR en el capítulo de "terrorismo nacional" en su Memoria anual del año 2020. Concretamente, en el punto "4.4.2 Terrorismo nacional", en el que se hace referencia al "Movimiento Violento Independentista Catalán".

El Alto Tribunal ha acordado este jueves por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar a Puigdemont. Los magistrados concluyen que respecto al expresidente catalán fugado y el otro aforado investigado, el diputado del Parlamento catalán Rubén Wagensberg, es "necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Diligencia de investigación que no puede realizar el instructor, sino solo esta Sala Segunda por tratarse de aforados".

Según el auto del Supremo, al que ha tenido acceso LD, "la propia Fiscalía General del Estado en la Memoria del año 2020 (siendo Fiscal General la Excma. Sra. Dolores Delgado) se ocupó explícitamente del que calificaba como "movimiento violento independentista catalán" (págs. 541 y ss. dentro del apartado 4.5.2 terrorismo nacional) señalando expresamente a los Comités de Defensa de la República (CDR) y el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT) por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con finalidad terrorista y conspiración para la comisión de estragos (apartados 4.5.6 pág. 548).

"También se señalaba que dentro de ciertos sectores del independentismo se fueron incrementando progresivamente las movilizaciones y perfilando las diferentes dinámicas, especialmente a través de "Tsunami Democratic y los intentos de paralizar el aeropuerto de Barcelona y los ataques a edificios públicos y policiales", añade.

"Por ello, ya de entrada, la afirmación que aflora en algunos políticos y medios de comunicación que solo las acciones de ETA o de la Yihad merecen ser tratados como terrorismo, es incompatible con la definición que del terrorismo se deriva del actual art. 573 CP. En efecto, es cierto que el Código Penal español venía configurando históricamente los delitos de terrorismo en base a un criterio teleológico o finalista, y otro estructural u orgánico", apunta el auto del Supremo.

Respaldo a los fiscales del TS y palo a la teniente fiscal

El Supremo explica que para acreditar el delito de ‘terrorismo callejero’ se exige que se ejecute alguna de las siguientes finalidades: subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

En este contexto, el Alto Tribunal destaca las conclusiones de la Junta de Sección de Fiscales del Supremo, en su reunión del pasado 6 de febrero: "El concepto de terrorismo del artículo 573 CP se construye en la actualidad sobre dos elementos o requisitos: el elemento objetivo o material, es decir, la ejecución de unas determinadas acciones previstas como tales por el Código (las enumeradas en los ap. 1, 2 y 3 del precepto), y un elemento teleológico o tendencial (la acción debe ejecutarse con una específica finalidad o propósito que se describe en el ap. 1 del art.). No es necesario que el autor pertenezca o forme parte de una organización o grupo terrorista, o actúe de manera asociada u organizada, de modo que cualquier persona que ejecute, aunque sea individualmente, o bien colectivamente, alguna de las acciones previstas con las finalidades expresadas en el precepto, será autor o partícipe de un delito de terrorismo".

Para la Sala, el informe de la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde, que descarta que los hechos encajen en un delito de terrorismo, "cuestiona uno a uno estos indicios con una subjetiva interpretación de los mismos, pero esta Sala en supuestos de prueba indiciaria valorada para desvirtuar la presunción de inocencia -tanto más en el caso de valorar indicios para asumir su competencia en la instrucción contra aforados- (SSTS 877/2014, de 22-12; 796/2016, de 27-9; 419/2019, de 24-9), ya ha descartado el error de pretender valorar aisladamente los indicios, ya que la fuerza probatoria de la prueba indiciaria procede precisamente de la interrelación y combinación de los mismos, que concurren y se refuerzan respectivamente, cuando todos ellos señalan racionalmente en una misma dirección".

Por ello, el tribunal considera que "no resulta aceptable analizar cada uno de aquellos elementos y a darles otra interpretación, o bien a aislarles del conjunto probatorio extrayendo sus propias conclusiones, pues la fuerza convictiva de la prueba indirecta se obtiene mediante el conjunto de los indicios, probados, a su vez por prueba directa, que en esta sede casacional no pueden ser nuevamente revisados y que no se trata del aislado análisis de cada uno de los indicios en su particularidad probatoria, que pueden ser, en sí mismos, cada uno de ellos, insuficientes a los efectos que resolvemos (porque en caso contrario sobraría su articulación referencial) pero en conjunto arrojar a juicio de la Sala, una convicción que despega del propio análisis de cada uno de ellos en particular, ofreciendo en su totalidad una conclusión probatoria, sobre la que esta Sala casacional únicamente tiene que comprobar que cuenta con la necesaria racionalidad y con un adecuado soporte estructural de tipo argumental".

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