La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para el suministro de mascarillas con la denominada 'trama Koldo'. Una investigación que salpica a la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol y al expresidente canario y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Así lo ha anunciado este lunes el órgano comunitario en un comunicado en el que precisa que abre las diligencias tras recibir "una denuncia de un particular" y llevar a cabo "diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados".
Según ha indicado la Fiscalía Europea, para adoptar su decisión ha recopilado información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional del magistrado Ismael Moreno, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea.
"En base a la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea", ha señalado.
La propia Fiscalía Anticorrupción española envió a la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) en junio de 2023 los contratos del denominado 'caso Koldo' firmados con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias por importe conjunto de 15,3 millones de euros al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario.
El Servicio Canario de Salud adjudicó cuatro contratos a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público. El primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.
En el caso de la administración balear, consta un contrato adjudicado por el Servicio de Salud de Illes Baleares en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.
El papel de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea. Es responsable de investigar, procesar y juzgar los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE. Siempre que exista una sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando el presupuesto de la UE, ya sea en lo que respecta a los ingresos o a los gastos, las autoridades nacionales, así como todas las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE, tienen la obligación legal de informarlo a a la Fiscalía Europea sin demora. Los ciudadanos de la UE también pueden denunciar un delito directamente a la Fiscalía Europea.
En cada caso, la Fiscalía Europea evalúa exhaustivamente si los hechos denunciados podrían constituir un delito bajo su jurisdicción y si la información presentada es suficiente para justificar la apertura de una investigación. Si los delitos penales relacionados con los hechos denunciados caen dentro de la competencia de la Fiscalía Europea, ésta debe abrir y llevar a cabo una investigación sin demoras indebidas.
El PP: "Los españoles no merecemos esto"
Tras conocer esta noticia, fuentes del PP explican que nuestro país "está en el foco de las instituciones de Justicia comunitarias por una trama de corrupción de cargos socialistas. El desprestigio para España es irreparable. El PSOE arrastra la imagen de nuestro país por la corrupción que acecha a sus dirigentes y por la vocación de amnistiar los delitos de sus socios parlamentarios".
"Los españoles no merecemos este castigo en términos de reputación europea. La asunción de responsabilidades ha de ser inmediata", añaden desde Génova donde consideran que "la presencia de Armengol y Torres en la vida pública mancha la imagen de nuestro país".
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