El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ejercerá como juez de garantías en la investigación de la Fiscalía Europea sobre los contratos de las mascarillas de la trama Koldo que han salpicado a la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al expresidente canario y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
En los últimos meses, García Castellón ha acaparado numerosos titulares de prensa al solicitar al Tribunal Supremo la investigación del expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, por un delito de terrorismo en el marco del caso de Tsunami Democrátic. La Sala Penal del Supremo aceptaba la semana pasada la solicitud del magistrado de la Audiencia Nacional.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que "las funciones del juez de garantías se regulan en el artículo 8 de una Ley aprobada 9/2021 que aplica un reglamento de la UE por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea".
Las mismas fuentes consultadas por LD aseguran que "al juez de garantías asignado a una investigación de la Fiscalía Europea le corresponde autorizar las diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales, como puede ser un registro o una intervención telefónica; además de acordar medidas cautelares respecto de los investigados como la posible prisión provisional".
La Fiscalía Europea anunciaba este lunes el inicio de una investigación sobre los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares. El órgano comunitario precisaba en un comunicado que abría las diligencias tras recibir "una denuncia de un particular" y llevar a cabo "diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados".
Según indicaba la Fiscalía Europea, para adoptar su decisión había recopilado información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional del magistrado Ismael Moreno, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea.
"En base a la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea", señalaba.
Anticorrupción y los contratos investigados
La propia Fiscalía Anticorrupción española envió a la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) en junio de 2023 los contratos del denominado 'caso Koldo' firmados con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias por importe conjunto de 15,3 millones de euros al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario.
El Servicio Canario de Salud adjudicó cuatro contratos a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público. El primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.
En el caso de la administración balear, consta un contrato adjudicado por el Servicio de Salud de Illes Baleares en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.
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