Menú

El informe del bloque izquierdista del CGPJ niega que la Ley de amnistía del Gobierno sea a medida de Puigdemont

El informe de 118 páginas de la vocal Cabrejas, al que ha tenido acceso LD, afirma que "la ley de amnistía no es, en principio, autoaplicativa".

El informe de 118 páginas de la vocal Cabrejas, al que ha tenido acceso LD, afirma que "la ley de amnistía no es, en principio, autoaplicativa".
El expresidente catalán, Carles Puigdemont. | Europa Press

El informe elaborado por la vocal izquierdista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Mar Cabrejas, niega que la Ley de amnistía del 1-O del Gobierno de Pedro Sánchez esté hecha a medida del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont.

El Pleno del CGPJ debatirá y votará sobre el informe solicitado por el Senado el próximo jueves 21 de marzo tras estudiar las propuestas presentadas por la citada vocal izquierdista Mar Cabrejas y el conservador Wenceslao Olea. Mientras tanto, este jueves, el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley de amnistía y la remitía al Senado.

El informe de 118 páginas de la vocal Cabrejas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, afirma que "la ley de amnistía no es, en principio, una ley autoaplicativa. Como se ha señalado, la amnistía se proyecta sobre una serie de conductas definidas en términos abstractos de modo que la eficacia de la ley precisa, indefectiblemente, actos de aplicación para dar pleno efecto a la extinción de la responsabilidad derivada de la misma".

"Ahora bien, una ley de amnistía formulada con un grado de detalle tal que identifique nominalmente en ella a sus beneficiarios (bien por sus nombres, bien por las concretas causas dirigidas contra ellos) constituiría, desde luego, una ley autoaplicativa que entrañaría, en términos de nuestra Constitución, una lesión del artículo 24.1 CE, en la medida en que los potenciales beneficiarios por ella no podrían invocar su aplicación, al venir nominalmente tasado el círculo de sus destinatarios. Y, al mismo tiempo, entrañaría una intromisión en la reserva de jurisdicción (art. 117.3 CE), al impedir la ley cualquier posibilidad de subsunción en la norma de casos distintos de los nominalmente fijados en ella", añade.

"Una ley de amnistía tampoco se asimila, en principio, a una ley de destinatario único, esto es, aquella dictada en atención a la identidad de sus beneficiarios. Una ley de amnistía de destinatario único constituiría una diferencia de trato carente de justificación objetiva y razonable, pues el único motivo que explicaría el carácter excepcional de la amnistía sería la identidad de los beneficiarios, haciendo de ella una ley ad personam. Por el contrario, la amnistía se proyecta sobre un grupo de casos en los que el legislador aprecia la existencia de una razón de interés general que justifica la diferencia de trato normativo", afirma la vocal izquierdista.

Según el informe de Mar Cabrejas, "la ley de amnistía encaja con la categoría de ley de supuesto de hecho concreto. En efecto, una ley de amnistía pretende extinguir la responsabilidad penal (o sancionadora) de una serie de conductas realizadas en determinado espacio temporal, vinculadas a algún tipo de situación excepcional y en relación con la cual el legislador estima que existe un interés prevalente que justifica esta medida de clemencia, excepcionando la aplicación a estos supuestos de la norma penal (o sancionadora) general".

Sobre la constitucionalidad de la Ley de amnistía

La vocal Cabrejas afirma además en su informe que "la constitucionalidad de una ley de amnistía pasa por acreditar que con ella se persigue un fin legítimo que constituye una justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato dispensada a las conductas delictivas amnistiadas respecto de aquellas otras que no se benefician de esa medida. Verificada la existencia de un fin legítimo, la concreta regulación de la amnistía debe superar los tres escalones del principio de proporcionalidad, esto es, determinar su adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto".

Por último, considera que "no corresponde a este órgano constitucional la competencia para aplicar un canon o test de constitucionalidad a una iniciativa legislativa que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria", pues el control de constitucionalidad tiene por objeto leyes ya perfectas y publicadas y es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido.

Temas

En España

    0
    comentarios