La filtración de la Fiscalía sobre las conversaciones mantenidas por la defensa del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el fiscal del caso acorrala al propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La Fiscalía de Madrid difundía el pasado jueves un comunicado en el que afirmaba que "el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos (dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021) y aceptación de una sanción penal" que había existido hasta la fecha era el propuesto por el letrado de Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto (Julián Salto) en fecha 2 de febrero de 2024. La propia Fiscalía General del Estado obligó a la Fiscalía madrileña a emitir el polémico comunicado. Mientras tanto, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) anunciaba en las últimas horas la presentación de una denuncia administrativa y otra penal por este asunto.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "Álvaro García Ortiz está contra las cuerdas y lo único que le salva de momento es el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez. Es un asunto muy delicado porque afecta al mismísimo fiscal general del Estado. Sus órdenes para que la Fiscalía de Madrid difundiera un comunicado para desacreditar a Díaz Ayuso y a su pareja desvelando la conversación secreta mantenida entre el letrado de Alberto González Amador y el fiscal del caso dejaron huellas. Un rastro que en una investigación penal saldría a la luz".
"La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, se negó a difundir el comunicado y dejó constancia por escrito de dicha negativa. Sin embargo, más polémico y oscuro fue el papel jugado por la fiscal provincial jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, muy ligada a Dolores Delgado y al propio García Ortiz. Finalmente, el gabinete de prensa de la Fiscalía de Madrid se vio obligado a difundir el polémico comunicado", añaden.
Las mismas fuentes fiscales consultadas por LD apuntan que "la causa podría llegar al Tribunal Supremo donde está aforado el fiscal general del Estado a través de una investigación inicial en los Juzgados de Instrucción de Madrid o bien, tras la presentación de una querella directamente ante el Alto Tribunal. En este contexto, no se podría descartar un posible cese del propio García Ortiz como cortafuegos del otro escándalo derivado de este caso, la filtración de la investigación a la ministra de Hacienda María Jesús Montero".
La nulidad de la investigación a la pareja de Ayuso
Tal y como publicó este diario, la filtración de la Fiscalía es muy grave por dos razones principales. En primer lugar, porque el Ministerio Público podría haber cometido un presunto delito de revelación de secretos al difundir públicamente las conversaciones privadas entre un abogado y la propia Fiscalía. El hecho de que parte de esa conversación hubiera sido publicada previamente por los medios de comunicación, no eximiría al Ministerio Fiscal de su responsabilidad, ya que es el garante de mantener bajo secreto las conversaciones que mantiene con los letrados.
En segundo lugar, las consecuencias para el procedimiento penal del comunicado de la Fiscalía son ya irreparables para la defensa del novio de Ayuso. La defensa de González Amador podría pedir ante el Juzgado, que acepte la denuncia presentada por la Fiscalía, la nulidad del procedimiento por vulnerar el derecho a la defensa y a un juicio justo. En este procedimiento, la instrucción ha quedado ya contaminada por el supuesto reconocimiento de los hechos delictivos por parte de la defensa de González Amador en el marco de la negociación secreta de un pacto de conformidad.
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