La titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, ha abierto una investigación por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y otras 4 personas. La magistrada incoa diligencias tras la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, recaída en este órgano judicial por turno de reparto.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
En el auto, la juez razona que supuestamente y ‘como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal’.
Posible nulidad del caso
Tal y como publicó LD, la filtración de la Fiscalía sobre las conversaciones mantenidas por la defensa del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el fiscal del caso acerca la nulidad del procedimiento por vulnerar el derecho a la defensa.
La Fiscalía de Madrid difundía la semana pasada un comunicado en el que afirmaba que "el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos (dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021) y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto (Julián Salto) en fecha 2 de febrero de 2024". La propia Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz obligó a la Fiscalía de Madrid a emitir el polémico comunicado.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denunciaban que "la filtración de la Fiscalía es muy grave por dos razones principales. En primer lugar, porque el Ministerio Público podría haber cometido un presunto delito de revelación de secretos al difundir públicamente las conversaciones privadas entre un abogado y la propia Fiscalía. El hecho de que parte de esa conversación hubiera sido publicada previamente por los medios de comunicación, no exime al Ministerio Fiscal de su responsabilidad, ya que es el garante de mantener bajo secreto las conversaciones que mantiene con los letrados".
"En segundo lugar, las consecuencias para el procedimiento penal del comunicado de la Fiscalía son ya irreparables para la defensa del novio de Ayuso. En dicho comunicado, se afirmaba taxativamente que el letrado de Alberto González Amador reconocía los supuestos hechos delictivos y aceptaba una sanción penal. Esto constituye un grave atentado al derecho de defensa", añadían.
Las mismas fuentes consultadas por este diario señalaban que "la defensa de González Amador podría pedir ante el Juzgado, que acepte la denuncia presentada por la Fiscalía, la nulidad del procedimiento por vulnerar el derecho a la defensa y a un juicio justo. Se puede solicitar la nulidad de actuaciones en un caso cuando se ha producido una flagrante indefensión. En este procedimiento, la instrucción ha quedado ya contaminada por el supuesto reconocimiento de los hechos delictivos por parte de la defensa de González Amador en el marco de la negociación secreta de un pacto de conformidad".
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