La documentación remitida por el Grupo Popular al Parlamento Europeo ha desvelado un hecho: la confirmación por los servicios de inteligencia españoles, junto con los europeos y estadounidenses, de las conexiones entre Moscú y los partidos separatistas desde el mismo momento del golpe separatista. Los servicios de inteligencia elaboraron sus informes en el mismo año 2017. Esa información ha estado a disposición del Gobierno español desde entonces y, de hecho, formó parte de la argumentación en favor de la investigación a los líderes separatistas por parte del CNI durante el periodo de Gobierno del propio Pedro Sánchez, que comenzó en 2018.
Uno de los capítulos entregados por el PP a la Cámara Europea relata hechos de su etapa de Gobierno previa a Sánchez. De hecho, habla de esa etapa como "Antes de la moción de censura de junio de 2018". Allí relata que "los servicios de inteligencia de España, la Unión Europea y Estados Unidos alertaron a sus respectivos gobiernos en 2017 sobre la interferencia rusa en Cataluña. Hubo comisiones de investigación en los parlamentos español y británico, y discursos sobre el tema en el Parlamento Europeo". Todo ello sin contar con el hecho de que en todo cambio de Gobierno los servicios de inteligencia alertan al presidente entrante de los asuntos y amenazas relevantes. Y esta era una de las principales, por no decir, la mayor de todas ellas.
El documento remitido al Europarlamento añade que un informe preparado para el Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos con fecha del 10 de enero de 2018 decía: "Según se informa, las organizaciones criminales con sede en Rusia han estado activas en Cataluña durante años, fortaleciendo su influencia en la política y los negocios y trabajando para explotar las rivalidades entre las entidades policiales regionales y nacionales". Ese informe de EEUU añadía que "también hay cada vez más evidencia de que los medios de comunicación administrados por el Kremlin, como RT y Sputnik, reforzados por bots y cuentas falsas en las redes sociales, llevaron a cabo una campaña de desinformación durante el referéndum de independencia de Cataluña en octubre de 2017".
En enero de 2018 un nuevo documento fue elaborado en el entorno del Ministerio de Defensa. El doctor en Ciencias Políticas Josep Baqués afirmaba en un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el centro de investigación del Ministerio de Defensa español, que el Kremlin estaba capitalizando "el acto de desafío catalán para promover la inestabilidad, utilizando una política diseñada para generar confusión a través de las redes sociales, en línea similar a la utilizada para influir en las recientes elecciones en Estados Unidos. Moscú no tiene ningún interés específico en España, ya que está demasiado lejos de su esfera de influencia. Ni siquiera dependemos del gas natural ruso, a diferencia de la situación que se produce, más o menos abiertamente, al norte de los Pirineos. Pero Moscú se esfuerza por fomentar la discordia en Cataluña para debilitar a un Estado miembro de la OTAN. Esta estrategia puede repetirse en el futuro en otros Estados europeos (muy pocos son monoculturales) y por supuesto puede replicarse en nuestro propio país (en relación con Cataluña u otros casos similares/potenciales)".
Hay que recordar que, tras la reunión del gabinete de Gobierno del viernes 11 de noviembre de 2017, el portavoz del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, anunciaron que llevarían el asunto de la interferencia digital rusa en el la crisis catalana en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, que se celebraba el siguiente lunes en Bruselas.
El 13 de noviembre, además, los ministros españoles de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y de Defensa, De Cospedal, trasladaron a sus homólogos europeos en el citado Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas la necesidad de tomar medidas urgentes contra este tipo de agresiones rusas. "A la reunión asistió el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien confirmó la información sobre la injerencia rusa en Cataluña obtenida por la Alianza a través de su Centro de Comunicaciones Estratégicas", revela el texto. Como indicó De Cospedal en una rueda de prensa posterior: "Ellos sí vienen de territorio ruso y también algunos otros, dicho sea de paso, desde territorio venezolano. Eso es lo que sabemos hasta el día de hoy". Y toda esa información se le traspasó a Pedro Sánchez en el turno de Gobierno tras la moción de censura de 2018.
En la misma rueda de prensa se le preguntó al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, si estaba seguro de estas operaciones, a lo que él respondió: "Sí, se ha comprobado". En el caso de la desinformación en línea sobre Cataluña, el Ministro de Asuntos Exteriores español añadió que había pedido explicaciones a las autoridades rusas. "Se trata de una proliferación de información falsa que sirve para exacerbar la desinformación y la manipulación", afirmó, añadiendo que el objetivo era desestabilizar.
Además, el 13 de diciembre de 2017, en una jornada de ciberseguridad organizada por el Centro Criptológico Nacional en Madrid, el Gobierno anunció la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad para proteger las redes informáticas de la Administración General del Estado de los ciberataques. Luis Jiménez, director del Centro Criptológico, dijo que el servicio tendría 50 empleados, costaría 16 millones y tendría un presupuesto anual de dos millones para actuar como un 'vigilante del ciberespacio' permanente. Y la principal amenaza a repelar era la rusa.
Ese mismo mes, diciembre de 2017, el Gobierno del PP aceleró la adopción de una nueva estrategia de Seguridad Nacional que incluía una mayor protección contra la interferencia digital extranjera. Reemplazó a un documento anterior adoptado en 2013. El Departamento de Seguridad Nacional, bajo la autoridad de la Oficina del Primer Ministro, "introdujo cambios en el texto en el que había estado trabajando durante los meses anteriores para incluir el creciente problema de la desinformación". Se añadió: "El uso del ciberespacio como medio para perpetrar actividades ilícitas, desinformación, propaganda, financiación del terrorismo y actividades del crimen organizado, entre otras, tiene un impacto en la seguridad nacional, aumentando la complejidad y la incertidumbre, y pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos". Esta fue la primera vez que la desinformación fue catalogada entre las amenazas actuales a la estabilidad de España, ya que se determinó que "sofisticados sistemas de alta precisión se combinan con la fatalidad funcional de los ciberataques, las campañas de influencia y los actos de desinformación". El motivo, una vez más, las injerencias de Rusia en Cataluña. Y de todo ello fue informado Pedro Sánchez en su llegada al poder.