La situación de los funcionarios de prisiones es crítica desde hace años. No sólo por la falta de material con el que trabajar de forma adecuada, sino porque la pérdida del principio de autoridad en los centros penitenciarios españoles ha provocado que el número de agresiones que reciben de los internos se haya multiplicado exponencialmente. Una situación a la que el Ministerio del Interior está siendo incapaz de poner freno.
El último ejemplo de esta situación se vivió a medidos del pasado mes de marzo en la prisión de Mas Enric de Catllar, en Tarragona, en la que un preso asesinó a una funcionaria que estaba en el área de cocinas para, posteriormente, suicidarse. Un hecho que provocó numerosos actos de protesta en Cataluña, donde la Generalidad gestiona los centros penitenciarios que hay en la región.
Una de las cuestiones más llamativas a nivel nacional es que el departamento de Fernando Grande Marlaska no sólo no trata de poner solución a las agresiones sino que lleva años negándose a convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad. Una decisión que protegería a estos funcionarios, pues las agresiones no saldrían prácticamente gratis a los presos, algo que sí ocurre en estos momentos.
Ante la pasividad del Gobierno, han sido los partidos de la oposición los que han llevado este hecho al Congreso de los Diputados en los últimos días para tratar de sacar adelante una de las reivindicaciones históricas de los principales sindicatos de funcionarios, que no es otra que se reconozca a estos trabajadores como agentes de la autoridad durante la jornada laboral que pasan en el interior de las cárceles.
El Partido Popular ha registrado en la Cámara Baja una Proposición de Ley, firmada por su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, para modificar la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones, además de para dar principio de veracidad a sus informes.
Exactamente, quieren añadir el siguiente texto al actual desarrollo del artículo 80.2: "Teniendo a todos los efectos legales el carácter de Agentes de la Autoridad y pudiendo identificar tal condición por su número de registro profesional, en procesos administrativos y judiciales que sean consecuencia de su actividad profesional. Los informes que emitan gozarán de presunción de veracidad de los hechos en ellos consignados, salvo prueba en contrario, en los mismos términos que otros agentes que ostenten esta condición".
"Cuando se cometa delito de atentado que pueda poner en peligro grave la integridad física de los funcionarios penitenciarios que se hallen en el ejercicio de sus funciones, o con ocasión de ellas, tendrán al efecto de su protección penal la consideración de Autoridad", continúa la modificación legal propuesta por los populares.
Vox también ha registrado su propia Proposición de Ley, en este caso firmada por su portavoz parlamentaria, María José Rodríguez de Millán, que también apuesta por convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad y por dotarles del principio de veracidad en sus actuaciones.
Exactamente, proponen modificar la redacción del artículo 80.2 de la Ley General Penitenciaria de la siguiente manera: "En el ejercicio de sus funciones se atenderá al principio de imparcialidad política, de conformidad con las normas constitucionales y resto del ordenamiento jurídico, y tendrán, a todos los efectos legales, incluidos los penales, el carácter de Agentes de la Autoridad".
"Los informes o denuncias que emitan los funcionarios penitenciarios, en el ejercicio de sus funciones, tendrán presunción de veracidad, previa ratificación de los hechos en el caso de haber sido negados, y constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles", añade la propuesta de Vox.
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