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El PSOE compara el choque institucional entre Senado y Congreso con el 23-F: es "casi un 'quieto todo el mundo'"

Además no creen que el PP acabe elevando el conflicto al Tribunal Constitucional.

Además no creen que el PP acabe elevando el conflicto al Tribunal Constitucional.
Franciso Manuel Fajardo, senador del PSOE | Europa Press

La iniciativa impulsada por el PP planteando, por primera vez en el democracia, un conflicto entre órganos constitucionales —Senado y Congreso— por la proposición de Ley de Amnistía, que se debate este miércoles en el la Cámara Alta, ha provocado una intervención del senador del PSOE por Lanzarote, y secretario cuarto del Senado, Francisco Manuel Fajardo, en la que compara un conflicto institucional con el golpe de Estado del 23-F.

El PP ha pedido al Congreso que retire la proposición de Ley de Amnistía por entender que la misma "es una reforma constitucional encubierta" que exigiría la mayoría del Senado. Y según el PSOE, esto sería un golpe de Estado como el de Tejero el 23-F, es "casi un 'quieto todo el mundo'", ha añadido Francisco Manuel Fajardo, que ha calificado la iniciativa de los populares de ser "un auténtico disparate".

El senador socialista ha acusado al PP de "agarrarse" a un párrafo del informe de los letrados del Senado en el que se habla del conflicto institucional entre el Senado y el Congreso para finalmente acabar planteandolo en la Cámara Alta.

El PSOE cree que el PP no irá al TC

Eso sí, el senador socialista ha mostrado sus "dudas" de que el PP finalmente acuda al Tribunal Constitucional (TC) una vez aprobada la Ley de Amnistía, y volvió a recordar que el PP se reunió con Junts para abordar la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

El Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, aprobará este miécoles el conflicto de competencias entre las dos Cámaras, por lo que llegará al Congreso el jueves 11 de abril, que tiene un plazo máximo de respuesta de 30 días.

La institución presidida por Francina Armengol, por lo tanto, tendrá de plazo hasta el 11 de mayo, un día antes de las elecciones catalanas, para responder. Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia. Esto no dilata la tramitación ni se paraliza, a no ser que se pidan cautelarísimas.

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