La expulsión de la Policía Nacional y la Guardia Civil tanto del País Vasco como de Navarra es una vieja aspiración de los partidos independentistas vascos. La banda terrorista ETA lo intentó a base de coches-bomba y tiros en la nuca, mientras que los miembros de su brazo político en las instituciones, HB-EH-Batasuna, colaboraron creando una atmósfera irrespirable en el día a día para los agentes y sus familiares.
EH Bildu, la coalición electoral que acoge en su seno a Sortu, el partido heredero de Batasuna-ETA, que en los últimos años se ha convertido en un socio parlamentario de referencia para el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, no ha tenido reparo en recoger el testigo de como referente en la campaña política para expulsar de estas dos regiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Lo ha hecho en las instituciones. Por ejemplo, presentando iniciativas en el Parlamento vasco para la reducción progresiva de policías nacionales y guardias civiles en el País Vasco. O en el Congreso de los Diputados, exigiendo al Gobierno de Sánchez la retirada de la competencia de Tráfico en Navarra para entregársela a la Policía Foral de Navarra. Una decisión, esta última, que terminaron frenando los tribunales de justicia.
Pero también lo ha hecho en la calle. Desde desarrollando campañas de publicidad mostrando a guardia civiles con una maleta en la mano bajo el lema Alde Hemendik (Fuera de aquí, en euskera o vascuence) hasta alentando o permitiendo los actos de acoso organizados por grupos de jóvenes batasunos en los meses de verano aprovechando las fiestas patronales que se suelen celebrar durante esa época.
Una reivindicación que mantienen en el programa electoral con el que EH Bildu se presenta a las elecciones vascas que tendrán lugar el próximo 21 de julio. Un documento político que tiene unas 140 páginas de extensión y que se denomina "Programa de Gobierno 2024-2028". En el mismo se deja claro que si la coalición consigue llegar al Palacio de Ajuria Enea intentará expulsar a las Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco.
Exactamente, tras lamentar que el Gobierno vasco dirigido por el PNV haya sido incapaz hasta ahora de sacar a policías nacionales y guardias civiles de la región, se compromete a la "adopción de las medidas adecuadas para que las Instituciones españolas asuman sus responsabilidades en las vulneraciones de derechos humanos perpetradas por el Estado y adopción de medidas para que las Fuerzas de seguridad españolas se replieguen".
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