La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona que preside la pareja del senador Joan Queralt de ERC está bloqueando la investigación del ‘caso Voloh’ sobre las conexiones rusas del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont.
El abogado Gonzalo Boye, que defiende a Puigdemont y a su director de oficina Josep Lluís Alay, presentó una recusación hace un mes contra el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga este caso. Boye intenta apartar a este magistrado de la instrucción por unas declaraciones que realizó en un canal de televisión alemán tras decidir prorrogar en enero la investigación durante 6 meses. El propio magistrado afirmó en un auto que la Rusia de Vladimir Putin ofreció "soporte económico y militar" al entorno de Puigdemont para apoyar la causa independentista en un intento de desestabilizar la "democracia y la Unión Europea".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona que preside la pareja del senador Queralt, Montserrat Comas, no ha finalizado la instrucción de la recusación de Boye contra Aguirre después de un mes. La magistrada instructora Vanesa Riva se escuda en que no ha conseguido la declaración oficial del juez Aguirre en el canal alemán".
Además de presidenta de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, Montserrat Comas tiene mucho peso en la Justicia catalana y está significada con posturas próximas al independentismo. Forma parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). También fue portavoz de la asociación judicial izquierdista Juezas y Jueces para la Democracia. El pasado mes de noviembre, Comas criticó que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo afirmase que la "función jurisdiccional se ajusta a la legalidad", después de que el comunicado de pacto de investidura de PSOE y Junts anunciara la creación de comisiones de investigación contra supuesto lawfare.
"Mientras la Audiencia Provincial no resuelva la recusación planteada por Boye, la investigación del ‘caso Voloh’ está paralizada, ya que el juez Aguirre no puede proveer los escritos de la causa a las partes, ni autorizar diligencias policiales. Es sorprendente que la magistrada de la Sección Décima no haya terminado aún la instrucción de dicha recusación cuando sólo tiene que analizar un vídeo. Aunque Montserrat Comas no sea la instructora, como presidenta de la Sección ejerce una influencia incuestionable", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que tanto "Gonzalo Boye como el senador de ERC Joan Queralt han participado en la elaboración de la Ley de amnistía del 1-O. Aunque no exista jurídicamente causa directa de abstención, la Sección que preside la pareja de Queralt en la Audiencia de Barcelona no puede instruir la recusación planteada por Boye. Es evidente que existen intereses comunes entre ambos. Una vez las Sección Décima concluya la instrucción de la recusación, la Sección 21 resolverá".
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) apuntan a este diario que "la Audiencia de Barcelona tiene un turno individual, nominal, ajeno a la Sección a la que pertenezca el magistrado o magistrada, por el que se asigna y nombra instructor. En el caso de la recusación presentada contra Aguirre, la instrucción del incidente le ha correspondido a la magistrada Vanesa Riva. Su trabajo de instructora está al margen de la sección a la pertenece. A dicha magistrada, exclusivamente a ella, le corresponde la prueba. No es un trámite colegiado".
El juez Aguirre instruye en la actualidad dos de los casos más sensibles que afectan a Cataluña y al independentismo: la citada causa ‘Voloh’ y el pago de 7,6 millones de euros del Fútbol Club Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.
El 11 de abril, Aguirre recibió un paquete bomba falso en su propio Juzgado. No obstante, el pasado viernes el titular del Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona, Fernando Criado, archivaba la investigación de esta amenaza sin practicar ningún tipo de diligencias por autor desconocido y dejaba en manos de los mossos la investigación sin control judicial alguno. Aún se desconoce cómo el paquete sospechoso pudo llegar a los Juzgados y evitar el control de seguridad con el escáner.
La escolta para el juez Aguirre
Tal y como publicó este diario, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha ignorado la petición de escolta policial solicitada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. El CGPJ remitió el viernes al Ministerio del Interior la petición de protección policial del magistrado amenazado, después de que Aguirre hubiera remitido previamente dos comunicaciones al propio Gobierno de los jueces.
En la primera comunicación enviada al CGPJ para remitirla a Interior, Aguirre denunciaba que la amenaza con la falsa bomba es el tercer altercado sospechoso sufrido en un mes. En la segunda comunicación, el juez Aguirre precisaba que debido a la investigación del ‘caso Voloh, no se le puede asignar escolta de mossos’. Fuentes jurídicas consultadas por LD apuntan que este lunes, "el magistrado ha trasladado a los mossos a través de la juez decana de Barcelona que no acepta su escolta, a la espera de que Interior le asigne seguridad de Policía Nacional".
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