Salvador Illa pretende ahora escapar al caso PSOE-Koldo pese a que el ex ministro de Sanidad durante el covid y actual candidato socialista a las elecciones catalanas aparece retratado en innumerables informes de la policía judicial y hasta en uno del Tribunal de Cuentas: uno en el que se destacaron sus barreras a la Intervención del Estado en el control de los contratos del covid.
Illa pretende divulgar la imagen de que no estaba al corriente de nada en la trama del PSOE-Koldo pero figura, por ejemplo, en un informe de la Oficina Anticorrupción de Baleares que analizó la compra de mascarillas a la empresa ligada a Koldo García Izaguirre.Y allí se detalla que ese empresa -Soluciones de Gestión- contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material por valor de 40,5 millones de euros.
Además, Soluciones de Gestión entró en el 'megacontrato' que lanzó el Ministerio de Sanidad en agosto de 2020 por valor de 2.578 millones de euros en adjudicaciones. Para colmo, Illa dio prioridad a la citada empresa, firmando pedidos para las comunidades autónomas a un precio por mascarilla de 1,13 euros cuando tenía ofertas al precio de 0,41 euros por unidad. Y, para terminar la espiral de pruebas, el propio Tribunal de Cuentas retrató al ahora candidato socialista a la Generalidad catalana.
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado en su último informe un total de 152 contratos adjudicados por los ministerios de Sanidad, Agricultura, Asuntos Económicos, Consumo, Hacienda, Seguridad Social, Industria, Trabajo, Transición Ecológica y Transportes. Pues bien, tras finalizar esa labor llegó a la conclusión de que el Ministerio de Sanidad "es el que tiene, con notable diferencia, el mayor peso, tanto por el número de contratos celebrados (52,6 % del total) como por el importe adjudicado (el 97%)".
Y con una característica muy particular y nada elogiable: y es que en el 34% de las licitaciones "no ha quedado acreditado en los expedientes que se diera cumplimiento a la obligación de dar cuenta a la Intervención Delegada". Además, en otro 27%, la comunicación de los contratos sólo se realizó pasado un largo periodo de tiempo y cuando carecía ya de sentido el control.
El Tribunal de Cuentas da más detalles y subraya que en catorce adjudicaciones de Sanidad no se informó a la Intervención General de la Administración del Estado, y en otras 29 la comunicación se realizó de forma muy posterior al inicio de las actuaciones y de la adjudicación de los contratos.
La legislación no deja dudas al respecto de este asunto: todas las administraciones deben dar cuenta desde el primer momento -el inicio del contrato- a la Intervención Delegada correspondiente.
Las pesquisas del Tribunal de Cuentas, de hecho, dieron lugar a una solicitud de información y al consiguiente periodo de alegaciones por parte del Ministerio. Y en ese trámite el departamento de Illa aseguró que la falta de información a la Intervención tenía que ver con la falta de personal por las dificultades propias de la pandemia. Las explicación no convenció al Tribunal de Cuentas que respondió afirmando que "no se considera justificado", insistiendo en la necesidad de haber informado para la correcta fiscalización de los contratos.
El propio Salvador Illa se dirigió por escrito al Tribunal de Cuentas antes de la publicación del informe pero lo hizo para declinar explicaciones personales al respecto.