El plan de Carles Puigdemont consiste, simplemente, en cumplir con sus amenazas. Quiere la gobernabilidad de Cataluña, quiere el referéndum separatista y quiere demostrar que su mando de la Generalidad está por encima del de Pedro Sánchez en La Moncloa. Y con el resultado logrado por Junts en las elecciones catalanas, puede exigirlo. Es más, tras ver el batacazo de ERC en esos mismos comicios, Puigdemont tiene claro que quiere exprimir a Sánchez o dejarlo caer. Porque doblegarse al PSOE "desgasta y la amnistía ya la tenemos".
Un matiz jurídico se ha colado en el análisis electoral. ERC se ha visto sumergida en una crisis sin paliativos por apoyar en exceso a Sánchez. Junts ha ganado peso pero no todo el que quería y considera que debe acelerar las exigencias separatistas para lograr más impulso electoral. Pero, además de todo eso, "la ley de amnistía ya está lanzada y en breve será la ley más favorable al reo", señala una fuente separatista. Y no hay retroactividad penal desfavorable al reo. Y eso significa que, una vez lanzada esa ley, puede ser anulada por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) –cuestión que no depende de Pedro Sánchez–, pero, sea como sea, por la parte del Gobierno poco más puede hacer ya en esa materia. Esto se traduce en que, efectivamente, Junts ya tiene la que quería de Sánchez y, salvo la decisión del TJUE, lo cierto es que ya está diseñada y lanzada para beneficiar a Puigdemont y los casos similares.
Es cierto que queda por arrancar a Sánchez el referéndum separatista, cuestión que Miriam Nogueras (Junts) desveló que está igualmente pactada ya con el PSOE, pero dentro del propio partido de Carles Puigdemont saben perfectamente que lograr la independencia depende más del reconocimiento internacional y de la propia oposición española –o hay consenso o es básicamente imposible que sobreviva un proceso de separación territorial– que de los pactos con Sánchez. Y esas condiciones no se dan de ninguna de las maneras.
La amnistía, cuestión de semanas
Pero la amnistía, sea como sea, a efectos nacionales contará en unas semanas con todos los avales y trámites para poder ser reclamada por los equipos jurídicos de los golpistas como ley más favorable al reo. Y eso significa que, en caso de no anularse por el TJUE, por mucho que se cambiase posteriormente, ya habría podido ser invocada y aplicada sin que una reforma posterior pudiese estropear al regalo al separatismo porque no existe la retroactividad de una norma más dura en materia penal.
De hecho, el candidato de Junts, Carles Puigdemont, ya ha anunciado que se presentará a la investidura y ha insistido en que la correlación de fuerzas entre él y Salvador Illa, el candidato del PSC, es la misma que entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Es decir, que sigue adelante en su órdago porque sabe que tiene la posición de fuerza frente a Sánchez. El todavía prófugo Puigdemont ha señalado el pacto de investidura que firmó con el PSOE en Bruselas para ilustrar un aspecto crucial de dicha correlación de fuerzas. "¿Si llego a un acuerdo en Suiza con el PSOE sobre financiación, reconocimiento nacional o traspaso de competencias en inmigración lo boicoteará el PSC en Cataluña?", ha preguntado con ironía Puigdemont.
El líder de Junts también sostiene su pretensión de convertirse en el próximo presidente de la Generalidad en que un gobierno independentista sería más fuerte que un "gobierno coherente" de Salvador Illa. Según los cálculos de Puigdemont, un "gobierno coherente" de Illa es la suma del PSC y los Comuns, que es de 48 diputados. Y es que ERC se ha desmarcado de esa alianza. Frente a esa cifra, estarían los 55 (Junts + ERC), o 59 incluyendo a la CUP, que avalarían un mandato de Puigdemont, según la versión de Junts.
Además Puigdemont ya ha avisado de que "si el PSC se abraza al PP como en Barcelona, eso anularía el acuerdo que tenemos con el PSOE en Madrid" y eso "pondría en riesgo la legislatura" por el incumplimiento del "acuerdo de Bruselas".
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