Un grupo de agentes de la Guardia Civil fueron enviados la noche del pasado 9 de febrero al puerto de Barbate (Cádiz) con la orden de hacer acto de presencia e intentar echar de la instalación a las narcolanchas que se habían introducido en la misma para refugiarse de la borrasca Karlotta. El hecho de que no hubiese operativa ninguna embarcación del Servicio Marítimo (SEMAR) del Instituto Armado obligó a improvisar el uso de una simple zodiac.
Los agentes fueron enviados a la instalación portuaria gaditana con una lancha de apenas 4 metros y 500 kilos de peso para tratar de expulsar de la zona a unas embarcaciones que eran tres veces más grandes y eran diez veces más pesada. La desigualdad de condiciones era evidente. Fruto de ello, los narcos de una de las lanchas decidieron pasar por encima a los agentes en reiteradas ocasiones, lo que provocó la muerte de dos de los guardias civiles y que varios resultaron heridos de diversa gravedad.
Mientras un juzgado de instrucción de Barbate trata de aclarar estos días qué narcos cometieron los crímenes aquella fatídica noche -ya está claro que los detenidos inicialmente no lo hicieron y están identificados unos narcos de orígen marroquí pero no detenidos-, varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil están acudiendo también a los tribunales para exigir responsabilidades internas a los mandos que ordenaron a los agentes salir a prestar servicio en las citadas condiciones.
La primera en hacerlo fue la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la más veterana de todas las asociaciones profesionales, que decidió denunciar al General Jefe de Andalucía, general de brigada Luis Ortega Carmona, y al coronel de la Comandancia de Cádiz, Luis Martín Velasco, por supuestos delitos relacionados con los artículos 316 y 318 del Código Penal, relacionados con la infracción de riesgos laborales por no dar el material adecuado a los trabajadores.
La segunda de las denuncias se ha conocido en las últimas horas y va mucho más allá. Presentada por JUCIL (Justicia Civil), la asociación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, acusa a los dos mandos anteriormente mencionados de supuestos delitos de homicidio por imprudencia grave -según el Código Penal una condena llevaría aparejada penas de prisión de entre uno y cuatro años- y de cuatro posibles delitos de lesiones graves por imprudencia.
La denuncia de JUCIL se basa en las declaraciones del jefe del equipo de los GEAS (Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas) la pasada semana en el juzgado que investiga el asesinato de los dos guardias civiles. El sargento que dirigía el equipo dijo que recibió una llamada del coronel jefe de Cádiz en la que se le indica que el superior jerárquico, el general jefe de la Zona de Andalucía, requería al equipo GEAS para que acudiese al puerto de Barbate.
En esa llamada se habría comunicado al coronel "que no pueden salir con la lancha de la Guardia Civil, ya que es muy pequeña y hay riesgo de que les pasen por encima con las narcolanchas". Esta aseveración, precisa JUCIL, "se comunica al superior incluso en dos ocasiones, entre otros comentarios, dado que no es posible realizar lo que es solicitado por los superiores ahora denunciados, por el riesgo sobre la vida de los agentes si salieran con la lancha", narra el texto de la denuncia
La asociación profesional añade que la lancha de la Guardia Civil es un equipo antiguo, con unas medidas inadecuadas para el fin que se encomendaba al equipo "ya no solo hay que fijarse en la diferencia abismal entre las lanchas, lo cual se dejó constancia al superior que ahora se denuncia, y el riesgo de muerte que existía, la facilidad con la cual podían pasarles por encima y causar daños trágicos e irreparables (como sucedió), sino que la preparación de los agentes no era acorde a la intervención otorgada a los mismos por los superiores", ahonda la denuncia.
Así, "mientras los GEAS no están preparados para estas intervenciones, los GAR carecen de entrenamiento en el ámbito náutico. Y aunque tuvieran algo de conocimiento, fueron asignados sin medios de protección. Fueron destinados a dicha intervención sin casco, sin chaleco antibalas, sin armas largas, portando una simple arma corta. Fue el GEAS quien tuvo que otorgar un casco y neopreno para la actuación policial, casco que no sirvió de nada dado que los dos fallecidos tuvieron contusiones fatales en la cabeza, como se pueden observar de las autopsias contenidas en el atestado policial", continúa la denuncia.
"Por los hechos expuestos, esta parte, como calificación provisional, considera que nos encontramos ante dos delitos de homicidio por imprudencia grave del artículo 142 de nuestro Código Penal, así como cuatro delitos de lesiones graves por imprudencia del artículo 152.1.2 del Código Penal", concluye la denuncia presentada por JUCIL, que haría que los mandos denunciados del Instituto Armado se pudiesen enfrentar a penas de uno y cuatro años de prisión.
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