El partido de Santiago Abascal ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con el objetivo de garantizar la independencia del Poder Judicial frente "a los permanentes ataques" del Ejecutivo de Pedro Sánchez que intenta "colonizar todas las instituciones".
Vox recuerda que la Carta Magna establece, en su artículo 122, que el órgano de gobierno de los jueces, queriendo constituir un sistema de autogobierno de la Justicia, establece que doce de los veinte vocales se elijan entre los propios jueces y magistrados y los ocho restantes, a partes iguales, se designen por el Congreso de los Diputados y el Senado. Sin embargo, consideran una "extralimitación inadmisible" la intromisión de los partidos políticos en la elección de los vocales del CGPJ, porque "amenazar la independencia del Poder Judicial es poner en riesgo el mismo Estado de Derecho".
Destacan que "el único poder del Estado que no ha quedado completamente sujeto a la acción de los partidos" es el Consejo General del Poder Judicial estando incluso controlado el Tribunal Constitucional lo que ha supuesto "un golpe durísimo para el Estado de Derecho" al poner en sus manos "el control constitucional de las leyes".
En este sentido, los de Abascal proponen que se "termine con las cuotas partidistas" haciendo mención al gobierno socialista de Felipe González que "pervirtió" con la aprobación de la vigente Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio la independencia judicial.
En esta iniciativa Vox no solo pide que se acabe con "la inaceptable actitud de hostilidad" del Ejecutivo contra el Poder Judicial sino además exigen el cese inmediato del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Piden que se adopten medidas "para garantizar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia de la persona que lo sustituya". Desde Vox, y como ya dejaron patente en la votación celebrada el pasado miércoles 8 de mayo con la reprobación de García Ortiz en el Senado, dan por aprobado el "grado de imparcialidad del Fiscal General del Estado al promocionar a su propia antecesora como fiscal de Sala del Tribunal Supremo.
Los ataques no solo han ido contra el partido socialista sino también contra los de Alberto Núñez Feijoo. La senadora de Vox por Andalucía, Paloma Gómez, que ha criticado la suspensión del choque institucional entre la Cámara Alta y la Baja por la ley de amnistía al considerar que el PP "es incapaz de defender hasta el final el Estado de Derecho", ha denunciado que los populares tampoco hayan reaccionado "tras las amenazas de Sánchez y sus socios a los jueces" y no hayan roto toda negociación con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial.