El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, maniobra para ‘desactivar’ a los fiscales del 1-O y avalar la amnistía de Pedro Sánchez al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno comunicaban este jueves verbalmente y por escrito al fiscal general que la Ley de amnistía no se puede aplicar al delito de malversación que cometió Puigdemont durante el golpe del 1-O.
Según el informe de los fiscales que supera las 100 páginas entregado a García Ortiz, las medidas cautelares acordadas y las órdenes de detención no pueden ser alzadas cuando se publique la Ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por otro lado, la amnistía sí sería aplicable al delito de desobediencia y al de desórdenes públicos que afecta al expresidente de la ANC, Jordi Sánchez y el expresidente de Ómniun Cultural, Jordi Cuixart.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que "García Ortiz intenta que su mano derecha, la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde, asuma el informe sobre el caso del referéndum ilegal del 1 de octubre y así pedir el aval de la amnistía a Puigdemont ante la Sala Penal del Tribunal Supremo en nombre del Ministerio Público".
"La intención del fiscal general era evitar además que los fiscales Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno se mostraran favorables y pidieran al Supremo que presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) o una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de amnistía", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "García Ortiz 'podría rechazar directamente el informe presentado por las 4 fiscales del 1-O. Sería su último gran trabajo para el Gobierno de Sánchez. Esto provocaría la convocatoria de una nueva Junta de Fiscales de Sala, como sucedió en el caso de la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso".
Recordamos que la Junta de Fiscales de Sala, la cúpula del Ministerio Fiscal, ha sido colonizada en los últimos años por fiscales de la asociación izquierdista Unión Progresista de Fiscales (UPF) durante los mandatos de García Ortiz y su predecesora al frente de la Fiscalía General del Estado Dolores Delgado. De la treintena larga de fiscales de Sala que hay en la actualidad, más de 20 pertenecen a la UPF. Por tanto, la Junta de Fiscales está controlada por el fiscal general.
Cabe destacar que la Sala Penal del Supremo tendrá la última palabra sobre la aplicación de la amnistía tras recabar el informe del Ministerio Público. De hecho, se espera que una vez la Ley sea publicada en el BOE, la Sala Penal dará traslado al resto de las partes para que informen al respecto.
El informe de los cuatro fiscales del 1-O
El informe de los cuatro fiscales del 1-O sobre la amnistía, al que ha tenido acceso este diario, justifica la no aplicación de la amnistía al delito de malversación de esta forma: "Es claro que concurre en los procesados rebeldes, Puigdemont, Comín y Puig, a la sazón Presidente de la Generalitat, Consejero de Sanidad y Consejero de Cultura respectivamente, al igual que en los condenados Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, todos los elementos del tipo penal: infracción del deber de custodia, apropiación de fondos públicos, beneficio patrimonial en cuanto se dedican a fines inconstitucionales de extraordinario costo que les beneficiaban para conseguir sus propósitos, no restitución y ánimo de lucro".
"A ello cabe añadir que conforme al derecho comunitario la malversación de fondos públicos afecta a los intereses financieros de la Unión Europea, siendo aplicable por ello la exclusión del ámbito de aplicación de la ley que establece el art. 2.e) de la citada norma".