
La Fiscalía Europea ha reclamado al titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, la parte principal del caso en la que está investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "la remisión de esta parte de la investigación a la Fiscalía Europea podría poner en peligro las citaciones de testigos e investigados acordadas ya por el juez Peinado, entre ellas, la de la propia Begoña Gómez el próximo 5 de julio".
El instructor había anunciado que tomaría declaración como testigo al empresario Juan Carlos Barrabés desde el hospital donde se encuentra ingresado por problemas de salud. En concreto, pedía a la gerencia y la dirección médica del 12 de Octubre para que "informe los días y horas de la semana comprendida entre el 17 y 23 de junio en que puede llevarse a cabo dicha diligencia de investigación".
Además, estaba previsto que en el marco de la causa el 16 de junio comparecieran ante el juez como testigos el consejero delegado (CEO) de Red.es, David Cierco; el que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; el economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos; el director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital.
Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que "la pieza de la investigación de la Fiscalía Europea sigue secreta hasta el momento". Recordamos que en dicha pieza se analizan los contratos con fondos europeos adjudicados a la sociedad del empresario amigo de la esposa de Sánchez, Juan Carlos Barrabés".
Por otro lado, fuentes jurídicas afirman a este diario que "si están implicados fondos europeos en los contratos investigados, la Fiscalía Europea puede tener razón en cuanto a que le corresponde la competencia para la instrucción de esa parte. A priori, no tendría que beneficiar o perjudicar la investigación en curso".
La investigación de la Fiscalía Europea transcurría hasta ahora en paralelo a la del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Los fiscales de la UE mantienen abiertas diligencias por otros delitos, entre ellos malversación y prevaricación.
Si el juez Peinado se opusiera a entregar la causa a la Fiscalía Europea, podría presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo. No obstante, la institución europea se podría hacer cargo del procedimiento mientras el Alto Tribunal se pronuncia, o bien, el juez Peinado podría optar por seguir adelante con la investigación y los interrogatorios.
Tal y como avanzó LD, el instructor acordó la semana pasada la apertura de una pieza separada para investigar si el caso afectaba a fondos de la Unión Europea (UE). En una providencia con fecha 29 de mayo, el instructor afirma que "dada cuenta; por recibido el anterior oficio de la Fiscalía Europea y en su vista, procédase con el mismo a la apertura de pieza separada del artículo 762.6 LECRrim en la que se acordará lo procedente".
Previamente, en un oficio del pasado 26 de abril, la Fiscalía Europea pidió al Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid que le informase "en la mayor brevedad posible" de "los hechos y delitos" que se siguen en este procedimiento en la "que estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley" del empresario amigo de la mujer de Pedro Sánchez, Juan Carlos Barrabés. Y, añadió, que "podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia" una vez estudie la documentación.
El funcionamiento de la Fiscalía Europea
El funcionamiento de la Fiscalía Europea es distinto al de la española, ya que asumen la instrucción que no ejerce ningún juez. En paralelo, cuentan con el aval de magistrados de la Audiencia Nacional que intervienen exclusivamente a solicitud de estos fiscales para aprobar o denegar diligencias que afecten a derechos fundamentales.
En sus investigaciones no participan acusaciones populares, por lo que ni Manos Limpias, ni Vox ni el resto tendrán ya posibilidad de pedir nuevas diligencias. En este contexto, el artículo 27.5 del Reglamento de la Fiscalía Europea indica que cuando el organismo ejerza su derecho de avocación, "las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito".
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