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El Tribunal de Cuentas pone en marcha el mecanismo para preguntar a la UE por la amnistía

En el Tribunal de Cuentas están encausados 35 personas, entre ellas Puigdemont, por malversación.

En el Tribunal de Cuentas están encausados 35 personas, entre ellas Puigdemont, por malversación.
El ex presidente de la Generalidad Carles Puigdemont durante un acto de campaña de JxCat en Francia. | EFE

Tras la publicación de la Ley de Amnistía en el BOE, el Tribunal de Cuentas ha activado el mecanismo para llevar la norma a Europa. Según ha informado el organismo, la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento ha dictado una providencia en la que pregunta a la Fiscalía, a Sociedad Civil Catalana y a las defensas de los 35 encausados desviar fondos para el 1-0 si plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la ley de amnistía, dándoles un plazo de diez días para que se pronuncien.

La consejera explica que podría consultar al TJUE en relación con una serie de artículos de la ley de amnistía "que podrían oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea".

Precisa que los preceptos por los que podría plantear una cuestión prejudicial son los relativos a la "lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE", al "principio de cooperación leal", a los "principios de igualdad y de no discriminación" y a los "principios de seguridad jurídica y confianza legítima" y al "principio del Estado de Derecho". Según ha informado el tribunal, el plazo para dictar sentencia ha quedado en suspenso hasta que se resuelva definitivamente sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial al TJUE.

En esta causa, el Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Gobierno catalán incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.

Entre los 35 nombres consta -además de Puigdemont- el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalidad algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalidad en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

Asimismo, están encausados nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Gobierno catalán Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Roy

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