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Guilarte actualiza su plan para renovar el CGPJ y avisa a Sánchez: "La amenazante alternativa resultaría aterradora"

El presidente suplente del CGPJ ha remitido al Congreso y Senado su propuesta actualizada de 17 páginas para renovar el Consejo.

El presidente suplente del CGPJ ha remitido al Congreso y Senado su propuesta actualizada de 17 páginas para renovar el Consejo.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, durante el acto de entrega de la XIII Edición de los Premios Puñetas de ACIJUR. | EFE

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha remitido hoy a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado su propuesta actualizada de modificación del sistema de nombramiento de magistrados/as del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos del Poder Judicial y de designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Un documento de 17 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez daba un ultimátum este miércoles al Partido Popular para que se avenga a renovar el CGPJ antes de que acabe el mes de junio y ha advertido de que de lo contrario cambiará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia.

En relación con las manifestaciones realizadas ayer por el presidente del Gobierno, Guilarte le da la bienvenida al "círculo" de quienes creen que el problema radica en la fórmula de elección de los altos cargos judiciales y consideran necesario someterlos a los principios de mérito y capacidad, pero advierte de que los nombramientos "deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada en el art. 122.2 CE" y añade que "no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta".

En este sentido, recuerda que con anterioridad a la entrada en vigor de la LOPJ los nombramientos se efectuaban por el Ministerio de Justicia y señala: "No tiene sentido alguno volver a épocas pasadas si bien con distintos protagonistas. Ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo".

El ‘Plan Guilarte’ para el Supremo

El presidente suplente insiste en que es "imprescindible no tanto sustraer competencias al CGPJ" como "dar más protagonismo a la carrera judicial allí donde resulta lógico que lo tenga, es decir, en lo que afecta al ejercicio de las tareas gubernativas".

Para los nombramientos en el Tribunal Supremo, Guilarte propone que sus magistrados sean "nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados" del propio tribunal, presidida por un vocal [del CGPJ] magistrado del Supremo, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del TS, en caso contrario.

La comisión estaría formada por "cinco miembros de un nivel de cualificación parangonable con la plaza que se saca a concurso" y los vocales del CGPJ solo formarían parte de la misma si reúnen "la específica capacitación para valorar los méritos de los candidatos". Según explica, el número de vocales nunca podría ser más de tres, y el resto de miembros serían magistrados del Supremo que se elegiría "por sorteo y turno rotatorio". Los otros dos miembros de estas Comisiones, a desarrollar reglamentariamente, serían profesionales cualificados en función de la Sala afectada.

Con todo, insiste en que con estas medidas "se integra plenamente, incluso en mayor medida que con el actual sistema, la finalidad constitucional de evitar que sea 'el Gobierno' el que pueda decidir o incluso influir en los nombramientos y ascensos de los miembros de la carrera judicial". Además, defiende que es "importante" y "decisivo" que "el ingente número de nombramientos pendientes" --en el Supremo ya son 25 las vacantes-- deban efectuarse "conforme al nuevo sistema o cualquier otro que se fundamente en los principios de mérito y capacidad objetivamente valorados".

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