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García Ortiz intenta obligar a los fiscales del 1-O a amnistiar a Puigdemont

Así se ha pronunciado en un decreto, que firma después de que el miércoles recibiera de los fiscales del 1-O un informe contrario a aplicar la norma.

Así se ha pronunciado en un decreto, que firma después de que el miércoles recibiera de los fiscales del 1-O un informe contrario a aplicar la norma.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el centro de la imagen. | Europa Press

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este viernes un escrito en el que defiende que se debe aplicar la ley de amnistía a la malversación que se le atribuye al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y otros líderes del golpe del 1-O.

Así se ha pronunciado en un decreto, que firma después de que el miércoles recibiera de los fiscales del 1-O un informe en el que se oponían a aplicar la norma a la malversación. "Procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", aboga el fiscal general en el escrito.

Además, García Ortiz llama la atención sobre el hecho de que los fiscales del Supremo "han anticipado el planteamiento de una discrepancia" con la postura de la Fiscalía General (artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) "sin conocer previamente el contenido de la orden o instrucción ni los argumentos en que esta se fundamenta".

Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo se mostraron en contra de amnistiar dicho delito al entender que los encausados sí tuvieron ánimo de lucro y que su actuación sí afectó a los intereses financieros de la Unión Europea: "Resulta indudable que los procesados PUIGDEMONT, COMYN y PUIG (en su condición de Presidente y Consejeros de la Generalitat) y los condenados por sentencia firme JUNQUERAS, TURULL, ROMEVA y BASSA, como receptores de los gastos sustrajeron por sí mismos caudales públicos. No recurrieron a la conducta pasiva de comisión por omisión de consentir que otros sustrajesen, sino que ellos mismos sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del TC y del TSJ de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia; y esos fondos no han sido restituidos".

En aquel informe, los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno avisaron a García Ortiz de que si no estaba de acuerdo con este criterio y consideraba que sí debe aplicarse la ley de amnistía a dichos encausados debería "ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada".

Junta de Fiscales de Sala el martes

Los cuatro firmantes adelantaron que si el fiscal general plasmaba por escrito que proponía aplicar la amnistía a la malversación del 1-O, invocarían el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para elevar el asunto a la Junta de Fiscales para que se pronuncien sobre las dos posturas. Cabe recordar, no obstante, que el fiscal general tiene el poder de hacer valer su criterio tras escuchar al cónclave, tal y como fija el Estatuto.

Con todo, los fiscales del 1-O apuntaron que si García Ortiz, tras la Junta de Fiscales que se celebrará este martes, impone que se debe aplicar la amnistía ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general u otro fiscal que él designe.

Aunque no ven posible amnistiar la malversación del 1-O, los cuatro fiscales sí ven viable aplicar la norma a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos que se circunscriben al proceso independentista catalán.

La declaración de Puigdemont en Tsunami, suspendida

La magistrada Susana Polo, instructora del ‘caso Tsunami Democratic’ en el Tribunal Supremo, ha dictado una providencia por la que suspende temporalmente tanto la Orden de Investigación Europea (OEI), como la solicitud de asistencia judicial en materia penal remitida a Suiza, para citar en la causa al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y a Rubén Wagensberg. La juez toma la decisión en atención a lo que acordó en la providencia del 11 de junio en la que dio 10 días a las partes personadas para que informasen sobre la entrada de vigor de la Ley de Amnistía.

La instructora suspende "temporalmente" tanto la solicitud de asistencia judicial en materia penal remitida a Suiza como la Orden de Investigación Europea. Lo único que no suspende es la notificación de las resoluciones dictadas en la presente causa a Puigdemont, que hasta la fecha no se ha personado.En la providencia se señala además que se ha unido a la causa un escrito presentado por Rubén Wagensberg en el que solicita el sobreseimiento de la causa.

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