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El alfil de Puigdemont al que señala el juez se libró de la investigación en 2021 por orden de la Fiscalía de Sánchez

El caso Volka, primero que investigó la trama rusa en relación con el procés, fue cerrado a petición de la Fiscalía.

El caso Volka, primero que investigó la trama rusa en relación con el procés, fue cerrado a petición de la Fiscalía.
El abogado Gonzalo Boye y el jefe de oficina de expresidente de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay | Europa Press

El juez Aguirre, que instruye caso Voloh, acaba de señalar el eje de las presuntas conexiones entre Putin y Puigdemont. Y una de las figuras clave que figura en esa cúpula es Josep Lluís Alay, justo la misma persona a la que la Justicia ya pretendió investigar y conocer sus cuentas hasta que en 2021 la Fiscalía de Pedro Sánchez se empeñó en sacar de la lupa judicial.

Hasta mayo de 2021 la Justicia instruía otro caso. Era el caso Volka. Pero fue cerrado a petición de la Fiscalía. Se trataba del primer gran caso que investigó la presencia de agentes, mandos del espionaje y hasta granadas en Cataluña a raíz del proceso independentista y el golpe del 1-O. La Justicia quisó conocer las cuentas de la mano derecha de Puigdemont, Josep Lluís Alay, pero la Fiscalía se opuso. Es más, también en mayo de 2021 se destituyó a petición del separatismo al mando de la Guardia Civil encargado de la Policía Judicial. Su nombre era Daniel Baena. Y, entre otras cosas, no sólo investigo y acorraló a los golpistas, sino que también investigó las conexiones con Rusia.

Ahora, el Parlamento Europeo cuenta con el relato entero para buscar una aclaración a una denuncia ya realizada en la misma sede por el PP en la Eurocámara: "La Fiscalía, tanto de Madrid como de Barcelona, ha obstaculizado la investigación de casos de injerencia rusa en el proceso independentista".

Todo ello está documentado ante el Parlamento Europeo. "En mayo de 2021, un mes antes de que los condenados por sedición en Cataluña fueran indultados, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sustituyó inesperadamente al jefe de la policía judicial de Cataluña, el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena". El documento remitido por el PP al Europarlamento explica que "el teniente coronel estuvo a cargo de la investigación sobre los acontecimientos del referéndum del 1 de octubre de 2017, y sus investigaciones fueron de crucial importancia para llevar a buen puerto un proceso que se saldó con condenas de entre nueve y 13 años de prisión para los líderes del proceso independentista". Pero el precio pagado por Baena fue evidente: "Como tal, Baena también fue objeto de una cruel campaña de difamación y acoso por parte de los separatistas en Cataluña antes de ser reemplazado". Pero Baena no sólo investigó el golpe separatista en sí. También lo hizo por medio de su policía judicial en materia de injerencias rusas.

Caso Volka

El caso Volka contó con una instrucción que destapó evidente información sobre la presencia de espías rusos en Cataluña y fue archivado en mayo de 2021 por petición de la Fiscalía. Se trataba del primer caso centrado en las injerencias de Moscú y en manos del juez Aguirre, que se encontró con fuertes obstáculos por parte de la Fiscalía en el momento en el que pretendió investigar el patrimonio del jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, tras confirmarse sus contactos con enviados rusos.

El caso Volka puede ser el más llamativo —aunque no el único— porque en el año 2021 directamente se cerró tras la petición de la Fiscalía. Y se cerró pese a las pruebas que apuntaban a la presencia en España de cinco mandos del espionaje ruso. Nueve meses después de su inicio, Miguel Ángel Carballo, fiscal del Estado en la Audiencia Nacional, presentó un escrito solicitando el archivo del caso. Pero en ese mismo escrito la propia Fiscalía reveló que "la Policía proporcionó información de un informante con más detalles sobre personas cercanas al independentismo catalán y sus presuntos vínculos con agentes rusos". Y este informante llegó incluso a proporcionar "la identidad de cinco altos funcionarios de los servicios de inteligencia rusos que presuntamente participaron en estos contactos, así como detalles de tres instituciones financieras extranjeras desde las cuales supuestamente se habían transferido fondos para financiar los movimientos de los espías por Europa y se habían utilizado tarjetas de crédito para cubrir sus gastos de viaje".

Caso Voloh

Otros casos han sufrido una evolución paralela. Le ha pasado al caso Voloh —heredero de parte de las diligencias llevadas a cabo por la Guardia Civil— y a su juez, el magistrado Aguirre, que llegó a acusar al fiscal de sabotear las investigaciones de los contactos de Carles Puigdemont con Rusia. La Diputación de Barcelona había detectado irregularidades en varios viajes de Josep Lluís Alay y la Fiscalía las ignoró. El magistrado Aguirre pidió explicaciones y llegó a afirmar que el Ministerio Público había "entorpecido" las investigaciones.

La cosa no acabó ahí. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a que la Guardia Civil investigara el patrimonio del jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, y llegó a presentar un recurso ante la Audiencia de Barcelona para frenar la decisión del juez instructor.

Todo ello mientras seguía aflorando información sobre los contactos de Alay con representantes rusos. De hecho, se reunió en Moscú con agentes de Inteligencia, periodistas involucrados en las campañas de propaganda y desinformación del Kremlin y un consejero del Ministerio de Energía de ese país para abrir un canal de colaboración secreto con la Administración de Putin, según las investigaciones realizadas en aquel momento.

El teniente coronel Daniel Baena fue el jefe de la investigación del 1-O, y fue sacado de su puesto como responsable de Policía Judicial de Cataluña tras haber sido atacado por los partidos catalanes independentistas, que no dudaron en exigir en público su relevo.
Su cambio de destino fue firmado ya por la polémica directora de la Guardia Civil, María Gámez, la misma que tuvo que ser apartada por aparecer su marido y cuñado en una ramificación del caso ERE.

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