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El PSOE comienza la cacería: pide a la Policía una acción contra lo que considera delitos de odio LGTBI y raciales

El PSOE ha elaborado siete puntos para adoptar un Acuerdo de País contra los Discursos de Odio y formar a policías y sanitarios en este asunto.

El PSOE ha elaborado siete puntos para adoptar un Acuerdo de País contra los Discursos de Odio y formar a policías y sanitarios en este asunto.
Algunos participantes de la marcha del Orgullo bailan debajo de una gran bandera LGTBI. | EFE

El mismo PSOE que ha desgastado –de tanto usarlos– los términos "muro", "fachosfera" o "ultraderecha" para definir a todos aquellos que no comparten sus planteamientos quiere ahora una acción policial decidida contra lo que ellos denominan delitos de odio y, especialmente, por motivos LGTBI y "étnico-raciales".

El plan del PSOE pasa por "impulsar, con el mayor consenso posible, junto a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, las administraciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, la adopción de un Acuerdo de País contra los Discursos de Odio, con el objetivo de erradicar la discriminación que sufren las minorías y colectivos vulnerables, y para remover todos los obstáculos que siguen impidiendo que estas personas puedan desarrollar sus proyectos vitales en condiciones de igualdad". Además, pretende impulsar una reforma para "favorecer que las Administraciones educativas promuevan la implantación de medidas preventivas y programas en centros educativos, cuya finalidad sea la de eliminar los prejuicios y estereotipos que alimentan los discursos de odio, así como que el alumnado adquiera las competencias necesarias que les permitan desarrollarse y vivir en el respeto a la diversidad y la promoción de la inclusión de las minorías y colectivos históricamente discriminados para el cumplido desarrollo de los currículos educativos".

En tercer lugar busca "diseñar campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad en general, a fin de concienciar sobre las consecuencias negativas de los discursos de odio y de promover el respeto a la diversidad". El cuarto punto pasa por "impulsar el tejido asociativo que promueve el respeto a la diversidad y las redes de apoyo para las víctimas de los discursos de odio". El quinto consiste en "realizar análisis estadísticos sobre las consecuencias perjudiciales de los discursos de odio, acompañándolo de un sistema de seguimiento mediante la recopilación de datos que sirva como termómetro para medir los efectos de los mismos, con el objetivo de facilitar el desarrollo e implementación de políticas preventivas".

En sexto lugar figura el compromiso de "elaborar un estudio anual que evalúe el impacto que tienen los discursos de odio y sus consecuencias en el colectivo LGTBI, las personas migrantes, las personas de distinto origen étnico-racial, y en el resto de colectivos vulnerables, para poder identificar las necesidades y recopilar información útil que ayude a desarrollar estrategias de acompañamiento y protección a quienes los sufren".

Pero el más llamativo de todos los puntos de este plan es el último y séptimo. "Impulsar programas de formación en el ámbito laboral, haciendo especial hincapié en el funcionariado, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el ámbito sanitario, a fin de otorgarles las capacidades y herramientas necesarias para saber identificar, abordar y asistir correctamente a las víctimas de los discursos de odio". Y, una vez identificadas las víctimas, obviamente, los policías tendrían que actuar contra los responsables de los supuestos delitos.

La argumentación de los socialistas asegura que "el aumento de los discursos de odio dirigidos hacia diversos colectivos y minorías, incluido el colectivo LGTBI, personas de minorías étnico-raciales, migrantes, con discapacidad, personas seropositivas y otras comunidades objeto de estigma y discriminación, representa una seria amenaza para la convivencia pacífica y los derechos humanos en nuestra sociedad". Señala que "estos discursos no solo generan división y promueven la discriminación, sino que también pueden derivar en actos de violencia física y emocional". Y concluye que "estas manifestaciones son un mal que envenena nuestra convivencia y destruye nuestra capacidad de construir una sociedad mejor y más cohesionada. Y nos interpela a no ser indiferentes contra la injusticia y a actuar decididamente contra quienes atacan los derechos humanos y la diversidad. A ser firmes a la hora de defender el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, y a la igualdad real y efectiva de todas las personas que conviven en nuestra sociedad, tal y como expresa nuestro texto constitucional en sus artículos 9.2 y 14".

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