Libertad Digital ha accedido a algunos de los archivos del móvil de Koldo García Izaguirre. Y uno de los contactos que allí figuran apunta al entorno más cercano del presidente del Gobierno. El móvil en cuestión que figura en esa agenda es el de Pedro Casares, número uno del PSOE de Santander y ascendido personalmente por Sánchez al puesto de secretario de Política Económica y Transformación Digital de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en 2021. Anteriormente, entre 2017 y 2021, había sido secretario de Vivienda, Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Transportes del partido, también bajo mandato de Pedro Sánchez en el partido.
Pedro Casares no es ningún desconocido de la actualidad informativa. Ni de la judicial: recurrió a los servicios del ex ministro de Interior Antonio Camacho para que le defendiera como abogado en el caso de las firmas falsificadas. La Fiscalía había solicitado que Pedro Casares fuera llamado a declarar como investigado en el caso de la presunta falsificación de las firmas de varios profesores de la Universidad de Cantabria para adjudicar tres proyectos de investigación al tesorero del PSOE de Santander, Javier López Garrido. Y fue Camacho el responsable de asesorarle en aquella situación. Camacho, es decir, el mismo que ahora representa a Begoña Gómez en su imputación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Pedro Casares era miembro del tribunal y la ley le exigía haberse abstenido de participar en el proceso debido a su obvia y muy buena relación personal con López Garrido. OKDIARIO publicó en su momento una grabación en la que otros dos miembros del tribunal reconocían que sus firmas habían sido falsificadas en las actas. Y, pese a que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander archivó inicialmente la causa, la Fiscalía solicitó oficialmente que se reabriera, se tomara declaración a Casares como imputado y se realizara un peritaje caligráfico sobre las firmas presuntamente falsificadas.
Y ya en aquel momento, Casares buscó la asesoría de Antonio Camacho, quien fuera su vez secretario de Estado de Seguridad entre 2004 y 2011, como número 2 de los ministros José Antonio Alonso y Alfredo Pérez Rubalcaba y más tarde ministro por unos meses.
Hay que recordar que el caso Koldo-PSOE, que ha pasado más desapercibido en los últimos meses por el impulso mediático alcanzado por el caso Begoña Gómez y el del hermano de Pedro Sánchez, alberga una importante información con llamativas conexiones con otros casos de los citados.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de hecho, acaba de acordar que el CEO del Grupo Globalia, Javier Hidalgo, comparezca ante el juez Ismael Moreno como testigo en este caso. Y la relación de Begoña Gómez con Hidalgo figura igualmente como materia de análisis judicial en el propio caso de la mujer del presidente del Gobierno.
La Sala ha estimado parcialmente el recurso presentado por la acusación popular Asociación Liberum contra el auto del juez instructor que denegó la práctica de esta diligencia. La Asociación solicitó la práctica de esta testifical y la de la CEO de la empresa Wakalua, Leticia Lauffer. La Sala ha aceptado ahora únicamente la declaración como testigo de Hidalgo.
Frente al instructor que no consideró procedente la citación de Hidalgo, la Sala entiende que se trata de una diligencia útil y pertinente para el conocimiento exacto de los términos en los que se han venido prestando los servicios de transporte de material sanitario, "derivados, no nos olvidemos, de un contrato de adjudicación pública (contratos públicos relacionados con la pandemia COVID 19) en las fechas expresadas en los hechos recogidos en la querella, así como el esclarecimiento del pago por tales servicios, incluidas las comisiones, y a quien se pagaron las mismas"
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