Un exalto cargo socialista puede convertirse en una pesadilla para el PSOE. María Teresa Cruz Oval, exconsejera de Sanidad de Canarias, ha dejado contra las cuerdas al candidato a la presidencia de Cataluña, Salvador Illa, y al ministro Ángel Víctor Torres —anteriormente presidente canario—. En su declaración ante la comisión de Investigación del Senado ha subrayado que Conrado Domínguez, imputado en el caso PSOE-Koldo por ser una figura clave en los contratos investigados, era un "conseguidor" y que, justo por ese motivo, fue nombrado por Ángel Víctor Torres coordinador del comité de compras inventado por el entonces presidente autonómico. La afirmación lanza de bruces al ahora ministro al eje de la trama de presunta corrupción.
Es más, la exconsejera aseguró que ella aceptó esa decisión por pura obediencia al PSOE: "En los partidos se obedece a los de arriba", aseguró. Otra de las bombas lanzadas por la exconsejera pone en la diana igualmente a Salvador Illa. Y es que Cruz Oval confirmó la imposibilidad de comprar material sanitario durante unos días por orden del ahora candidato a la presidencia de la Generalidad catalana. Una versión que tumba la explicación dada por Illa en su momento.
La comparecencia sirvió para confirmar que Domínguez aspiraba, desde el primer momento, a ser director general del Servicio Canario de Salud, pero María Teresa Cruz Oval frenó su nombramiento, eligiendo a Blanca Méndez, una decisión que traería consecuencias negativas para ella. La exconsejera señaló que tenía claro que Domínguez, al que considera "un mal gestor", "fue a por mí" desde entonces. Y, al final, logró su objetivo: el 25 de marzo de 2020, antes de que se produjeran todos los contratos investigados por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea, Ángel Víctor Torres la cesó, confirmando la coordinación entre Domínguez y el ahora ministro.
Sobre su cese, Cruz Oval afirmó que el entonces presidente canario "dio una explicación en público y otra en privado" y que se produjo cuando "estaba evitando que pasara cualquier irregularidad". Después de que ella dejara la consejería, se produjeron los tres casos de corrupción que acorralan a Torres: el caso mascarillas, el caso Tito Berni y el caso Koldo.
"Koldo no tiene mi teléfono"
La declaración de Cruz Oval también confirmó que las comunidades autónomas no pudieron comprar material sanitario durante unos días por orden del Ministerio de Sanidad, desmintiendo así la versión dada en la comisión de investigación por Salvador Illa. Finalmente, la exconsejera se desmarcó de los contratos con las dos empresas investigadas: RR7 y Soluciones de Gestión. Y concluyó con una sentencia: "El señor Koldo no tiene mi teléfono".
La versión de Cruz Oval coincide más con una realidad: todos los contratos extraños que apuntan a Illa. Hay que recordar, en primer lugar, que Illa ha trazado una estrategia para intentar escapar al caso PSOE-Koldo. Pero lo cierto es que el exministro de Sanidad durante el covid y actual candidato socialista a presidir la Generalidad de Cataluña aparece retratado en innumerables informes de la policía judicial. Figura en un informe de la Oficina Anticorrupción de Baleares que analizó la compra de mascarillas a la empresa ligada a Koldo García Izaguirre, asesor del exministro José Luis Ábalos e inicialmente de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE nacional. Y allí se detalla que esa empresa —Soluciones de Gestión— contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material por valor de 40,5 millones de euros. Además, Soluciones de Gestión entró en el megacontrato que lanzó el Ministerio de Sanidad en agosto de 2020 por valor de 2.578 millones de euros en adjudicaciones.
Las gestas de Illa
Al margen de todo ello, otro hecho persigue a Illa. Y es que dio prioridad a la citada empresa, firmando pedidos para las comunidades autónomas a un precio por mascarilla de 1,13 euros cuando tenía ofertas al precio de 0,41 euros por unidad.
Y hay más casos al margen de estos citados. Por ejemplo, el escándalo de la compra de una partida de test defectuosos a la compañía china Bioeasy Biotechnology a través de un intermediario español desconocido en el sector, Inter Pharma. Fue uno de los contratos por la vía de urgencia de más graves consecuencias. Sanidad compró y pagó 659.000 kits de diagnóstico para la covid a esa empresa en plena explosión de casos y muertes. Lo hizo por un importe de nada menos que 17,143 millones. La baja fiabilidad de estas pruebas, denunciada por los hospitales y por técnicos del propio Ministerio, forzó al departamento de Illa a su posterior devolución. Pese a ello, el ministro mantuvo en su cargo a la entonces directora general de Cartera Básica y Farmacia del SNS, Patricia LaCruz. La compra no llegó a contar con la valoración técnica previa del Instituto Carlos III, saltándose el procedimiento habitual.
Otro de las gestas de Illa fue la compra, por parte del Ingesa, de una partida de 200 respiradores con la descripción Eternity SH-300 por 9,922 millones de euros a Tec Pharma Europe, S.L. La empresa, ubicada en la localidad granadina de Armilla y regentada por el ciudadano iraní Armin Ghodsian Bazaz, también fijó un precio llamativo. El precio estipulado por cada uno de estos aparatos fue de 49.610 euros, cuando su valor de mercado en el momento de la adjudicación no rebasaba los 17.500 euros.
Otro capítulo tuvo lugar a finales de octubre de 2020. Sanidad adjudicó sin concurso a una empresa domiciliada en Rubí (Barcelona) el almacenamiento de 55.080 botes de 500 ml. de gel hidroalcohólico pertenecientes a una partida de 260.000 adquirida el 26 de marzo a la compañía china Shandong Liangfu Pharmaceuticals Co. Ltd. En total, el Estado pagó 291.108 euros por ese servicio de almacenaje, con lo que el coste de la custodia de cada uno fue de 5,28 euros, 1,3 euros más de lo que pagó por el propio gel en el momento más duro de la pandemia: 3,98 euros. Según la memoria justificativa de aquella adquisición, el proveedor asiático percibió 779.301,75 euros por la partida de 260.000 botes, más 163.653 euros en concepto de un IVA del 21%, y 77. 930 en concepto de tasas y aranceles.