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La carrera fiscal vigila a Álvaro García Ortiz: "No se puede tolerar un fiscal general imputado que no dimita"

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "si el fiscal general es imputado y no dimite, habrá protestas y movilizaciones".

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "si el fiscal general es imputado y no dimite, habrá protestas y movilizaciones".
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz con Pedro Sánchez y Begoña Gómez. | EFE

La carrera fiscal vigila los pasos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante su posible futura imputación en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Goyena, ultima la exposición razonada que elevará al Supremo para que se investigue al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Dicho escrito, que podría conocerse de forma inminente, recopilará los indicios acumulados durante estos dos meses de instrucción para que la Sala Penal del Alto Tribunal decida si abre una causa penal contra García Ortiz.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "el Ministerio Público no va a tolerar en ningún caso que un fiscal general del Estado sea imputado y que no dimita. Si García Ortiz no se marcha, va a haber muchas protestas internas y movilizaciones en el seno de la Fiscalía para forzar su caída. Un fiscal general imputado por filtrar información contra un líder de la oposición es algo insólito e inédito, un desastre para la institución, que podría ser denunciada incluso ante las autoridades políticas y judiciales de la UE".

"No se debe olvidar que si es imputado García Ortiz, el máximo defensor de la imparcialidad que debe ser en teoría el fiscal general del Estado va a tener que ser completamente parcial para poder ejercer su propia defensa. Además, si el caso llega al Supremo, posiblemente su mano derecha, la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde, asumiría el procedimiento".

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que "García Ortiz debe marcharse incluso antes de su imputación. En el momento en el que el TSJM eleve su exposición razonada y la Sala Penal del Supremo pida informe a la propia Fiscalía para estudiar si se imputa o no al jefe de la Fiscalía, es un trámite al que no se debe llegar con García Ortiz todavía en el cargo, sería un bochorno absoluto".

"No hay que olvidar que García Ortiz confesó en un escrito ante el propio TSJM que él ordenó a la Fiscalía de Madrid difundir el comunicado que filtró la información reservada sobre la negociación del abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso. No obstante, previamente antes de su confesión, apartó a la fiscal inicial del caso, María de la O, que defendía investigar estos hechos ante el TSJM. Es un escándalo que ha pasado desapercibido", concluyen.

Recordamos que tanto Alberto González Amador, como querellante, como la acusación que representa el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) consideran que existen "indicios cualificados" contra el fiscal general. Afirman que las diligencias revelan conversaciones reservadas entre un abogado y un fiscal que fueron divulgadas en un comunicado de la Fiscalía. Una circunstancia que supuso "una grave una violación de la confidencialidad y el secreto profesional, principios fundamentales del derecho de defensa".

Hasta la fecha han declarado los dos fiscales investigados, la jefa provincial Pilar Rodríguez y el encargado de delitos económicos, Julián Salto; la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el responsable de comunicación del departamento. Lastra ratificó en su declaración que fue García Ortiz quien le dio la orden, al igual que Rodríguez y Salto.

La versión de García Ortiz: "Desmentir los bulos"

Desde que estalló el escándalo, Álvaro García Ortiz ha tratado de defenderse afirmando que ordenó divulgar el comunicado para hacer frente a los "bulos" y que el objetivo era "desmentir con hechos cronológicamente sistematizados informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios, así como proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal".

El fiscal general insistió en que no se revelaron datos desconocidos porque ya se había publicado el intercambio de correos entre el fiscal y el abogado del novio de Ayuso. Y apremió al juez del TSJM a investigar al entorno del empresario por la filtración de esos correos.

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