El caso Filesa, Malesa y Time Export fue un caso de corrupción que afectó de lleno al PSOE en los ochenta y noventa. El entramado de empresas montado por los socialistas sirvió para recibir enormes minutas por supuestos informes y servicios, que en realidad eran inexistentes, por parte de bancos y grandes empresas. Un tinglado muy bien montado por el que llegaron al PSOE más de 1.000 millones de pesetas con los que doparon sus campañas electorales y el referéndum de la OTAN.
En junio de 1991, Marino Barbero, penalista extremeño que se había incorporado al Tribunal Supremo por el cuarto turno en 1984, comenzó el sumario sobre la corrupción del PSOE. Entre las actuaciones que ordenó durante los años siguientes estaban el registro de la sede de Ferraz y del Banco de España, para obtener la documentación que se le negaba, en una actitud obstruccionista por parte del PSOE, que entonces estaba en el Gobierno y controlaba todos los resortes del poder del Estado.
Pero no sólo fue obstrucción. Socialistas en el Gobierno y en presidencias de comunidades autónomas, como la extremeña, iniciaron una auténtica cacería contra el juez Barbero, en un tono muy parecido al que está sufriendo actualmente el juez Peinado que instruye el presunto caso de corrupción en los negocios y tráfico de influencias de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. Los exabruptos del PSOE contra Peinado no son muy distintos de los que se profirieron entonces contra Marino Barbero.
Así, el ministro de Justicia de Felipe González, Tomás de la Quadra, afirmó que había móviles políticos detrás de los autos del juez. Igual que hoy Félix Bolaños se suma al coro de plañideras escandalizadas del Gobierno de Sánchez defendiendo el honor y las virtudes de Begoña Gómez al tiempo que atacan a Juan Carlos Peinado.
Bolaños ha ido elevando el tono según pasan los días y el caso se complica, señalando que Begoña Gómez sufre una persecución "cruel", "terrible", "inhumana", en unas declaraciones que deberían avergonzarle como ministro de Justicia.
También del juez Barbero se quejó el propio presidente del Gobierno, Felipe González, para señalar que el PSOE, el partido que había traído la democracia a España, no gozaba de presunción de inocencia.
En 2024, la imputación de Begoña Gómez llevó a su marido, el presidente del Gobierno, a anunciar en una carta a la ciudadanía que necesitaba reflexionar cinco días para decidir si le merecía la pena seguir en Moncloa.
Todo ello tras conocer ese mismo día que se habían abierto diligencias de investigación tras la denuncia contra su mujer.
La carta de Sánchez fue el pistoletazo de salida a la cacería política y mediática contra el juez Peinado, entre ellos el chusco episodio de los dos DNI que poseía el juez con el que había comprado múltiples propiedades. Bulo de El Plural al que se sumó con gusto Ferreras desde La Sexta y el propio PSOE.
Miserables declaraciones de Rodríguez Ibarra
Volviendo a Marino Barbero y al PSOE de Felipe González, uno de los que se sumó a la cacería, y de la forma más miserable posible, fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que en enero de 1993 insinuó que Barbero no había pagado un crédito bancario.
El tono y las descalificaciones de Rodríguez Ibarra fueron subiendo a medida que Barbero continuaba con su instrucción. En febrero de 1995 Barbero entregó a la sala segunda del Tribunal Supremo un escrito en el que pedía el suplicatorio para el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, por un presunto delito electoral por su implicación en el caso Filesa.
En mayo finalizó la instrucción y Rodríguez Ibarra acusó a Barbero de querer intervenir en política "dictando sentencias, abriendo y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en política poniendo bombas". Ahora también los socialistas, desde Patxi López a Pilar Alegría, utilizan el mismo argumentario: la causa contra Begoña Gómez es una cacería política para derrocar al Gobierno de progreso. No añaden lo de "igual que hizo ETA" porque sus herederos son ahora aliados preferentes del Ejecutivo.
Era tal la barbaridad de lo dicho por Rodríguez Ibarra que Barbero pidió amparo al CGPJ presidido por Pascual Sala, afín al PSOE. El CGPJ negó el amparo, y Barbero renunció a la carrera judicial en julio. Se incorporó al claustro de la Universidad de Castilla-La Mancha y falleció en 2001 con 72 años.
El altavoz mediático contra Barbero
Como ahora con el juez Peinado —donde el equipo de opinión sincronizada tan pronto le adjudica dos DNI como que trata de sembrar dudas sobre sus inclinaciones políticas basándose en que su hija es concejala en un Ayuntamiento del PP— los medios afines al Gobierno se emplearon a fondo contra el juez Barbero, muy especialmente El País y la cadena SER. El diario del Grupo PRISA tuvo la desfachatez de señalar que Barbero dejaba la instrucción del caso porque no había tenido la repercusión que pensaba que iba a tener. Por el camino, los ataques fueron constantes, sirviendo de correa de transmisión del PSOE y el Gobierno.
En un prolijo trabajo de Antonio Carreras del año 2012, titulado "Marino Barbero y El País. Análisis del tratamiento mediático del juez del Caso Filesa (1992-1995)", el autor escribe en el capítulo de conclusiones que "en base a los análisis realizados en el apartado anterior de siete franjas temporales, con análisis específicos de las distintas partes de las piezas (titular, cuerpo del texto, fotografía y el añadido de cobertura para dar una visión más general), se puede afirmar, sin lugar a duda, que el diario El País, durante este periodo y sobre este caso concreto, tuvo una línea de actuación muy marcada por la agenda del PSOE y se encontraba con un grado bastante alto de instrumentalización. Los motivos pueden ser diversos, algunos de ellos como su ideología, el objetivo de su fundación o los contratos que el Grupo Prisa obtuvo durante las legislaturas de Felipe González".
PRISA, por lo demás, no era un grupo mediático cualquiera: su cercanía al poder socialista y su potencia económica les hacían casi intocables. Si a un juez se le ocurría investigarlos por cualquier asunto podría sufrir las vicisitudes y las injusticias que sufrió Javier Gómez de Liaño por el caso Sogecable, la investigación contra el Grupo Prisa (Canal Plus y Sogecable) por posibles delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida, en relación a los 23.000 millones de pesetas (138.232.784 euros) de fianzas depositadas por los abonados del canal de televisión de pago. Liaño acabó denunciado por Polanco por prevaricación y condenado a 15 años de inhabilitación especial para cargo público, con la pérdida definitiva de su condición de juez. En 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le acabó dando la razón.
Condenas del TS
Tras abandonar Barbero la carrera judicial, el TS siguió la instrucción del caso Filesa con otro magistrado y el juicio se inició en septiembre de 1997.
Las condenas a varios dirigentes socialistas —Carlos Navarro, Josep María Sala y Aída Álvarez— dieron la razón a la instrucción de Marino Barbero. La cacería política y mediática, el brutal acoso al juez, injurias incluidas, no tuvo el resultado pretendido y los dirigentes socialistas fueron condenados.
Pero si la experiencia es un grado, el modus operandi del PSOE cuando se ve cercado por presuntos casos de corrupción se ha perfeccionado. El altavoz de las redes sociales multiplica los mensajes de acoso al juez Peinado, perfectamente sincronizados con lo que publican los medios afines.
Y si todo sale de forma contraria a los intereses del PSOE, siempre podrá contar con el Tribunal Constitucional para que revierta condenas por corrupción como la de los ERE. Porque hablando de acosos políticos a los jueces también fue escandaloso el acoso y derribo contra la juez Alaya, instructora del caso de los ERE. Once años después, la sentencia de los ERE resarció a la juez Alaya de los ataques del PSOE. Tal y como ocurrió con Marino Barbero.
Aunque ahora el TC esté actuando como tribunal de casación del TS, anulando parcialmente las condenas de la pieza política del caso.