La aparición y desaparición de Carles Puigdemont en el paseo Lluís Companys de Barcelona se ha llevado por delante el crédito y la imagen de los Mossos d'Esquadra. Lo advirtió un día antes de la incursión Josep Lluís Alay, el jefe de la oficina pública de la que dispone Puigdemont como expresidente de la Generalidad. En un mensaje en la red social X escribía: "Contemplando el final definitivo de los Mossos como policía catalana. De esta deriva he sido testigo directo estos últimos siete años. Hay honrosas excepciones entre los mossos, héroes anónimos que mañana seguirán a las órdenes del presidente de Cataluña. A ellos, gracias". Se refería así a una información sobre el dispositivo que preparaban los Mossos para, supuestamente, impedir que Puigdemont entrara en el 'Parlament' y proceder a su arresto.
Contemplant el final definitiu dels Mossos com a policia catalana. D'aquesta deriva n'he estat testimoni directe aquests darrers 7 anys.
— Josep Lluís Alay (@josepalay) August 7, 2024
Hi ha honroses excepcions entre els mossos, herois anònims, que demà seguiran a les ordres del President de Catalunya @KRLS. A ells, gràcies. https://t.co/0w32xcRWz9
Del mismo modo que cuando huyó, el prófugo ha contado con la colaboración de efectivos de los Mossos para un golpe de efecto que ha enardecido a sus fans. Uno de esos agentes ha sido detenido por sus compañeros. Se trata del propietario del vehículo en el que se ha marchado el líder de Junts. Puigdemont dispone de un grupo de agentes de la policía autonómica que le prestan servicios de guardaespaldas cuando están de vacaciones, gente que viaja con frecuencia a Waterloo y que le acompaña en los desplazamientos por Europa. Uno de ellos, el exsargento Lluís Escolà, fue quien le ayudó a escapar con la colaboración de otro agente del cuerpo que les prestó un coche para que pudieran cambiar de vehículo antes de salir de España. Escolà fue premiado con un cargo de asesor en la consejería de Interior cuando la dirigía Miquel Buch. Ambos fueron juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y condenados a penas de cuatro años de prisión y decenas de inhabilitación. Fueron, por cierto, los primeros en beneficiarse de la ley de amnistía.
La primera vez que se puso en tela de juicio la profesionalidad de los Mossos y se denunció su carácter de policía política al servicio del separatismo fue con ocasión del referéndum ilegal del 1-O de 2017. Ese día y bajo el mando de Josep Lluís Trapero, los Mossos hicieron gala de una escalofriante pasividad a pesar de las órdenes judiciales para impedir aquella votación. Trapero fue juzgado en la Audiencia Nacional y absuelto con el voto contrario de la magistrada que presidía la sala.
En 2017 la policía autonómica catalana era la joya de la corona de la Generalidad junto a TV3 y el sistema escolar de la inmersión lingüística. Eran las tres patas sobre las que los golpistas pretendían erigir el nuevo Estado catalán. Los Mossos fueron objeto además de una gran campaña de propaganda independentista por su respuesta a los atentados islamistas de las Ramblas de Barcelona y de Cambrils, el 17 de agosto de 2017. Se confeccionaron camisetas con la cara de Trapero y se ensalzó su figura y la del cuerpo. Trapero no era amigo de Puigdemont, pero formaba parte del restringido círculo de confianza del entonces presidente autonómico y en calidad de tal participó en la famosa fiesta de Cadaqués con Puigdemont, Laporta y Pilar Rahola, la anfitriona, entre otros "vips" catalanes. La difusión de imágenes de la fiesta hicieron que Trapero fuera identificado como un agente al servicio de la causa independentista, aunque no era exactamente el caso.
El papel de Trapero
Siete años después de todo aquello, Trapero está a punto de recuperar el control de los Mossos. El último consejero de Interior de Junts, Miquel Sámper, le restituyó en el cargo de "major" cuando fue absuelto en la Audiencia Nacional, pero lo primero que hizo ERC al quedarse en solitario en el Govern fue apartarlo en favor de Eduard Sallent, el actual jefe de los Mossos. En plena campaña electoral, Salvador Illa anunció que la consejera de Interior sería la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Nuria Parlón, y que recuperaría a Trapero, apartado en un despacho y sin funciones, para convertirlo en su director general de Policía.
El retorno de Trapero se va a producir en medio de una crisis enorme, con los sindicatos policiales clamando contra sus mandos y con la facción independentista del cuerpo más envalentonada que nunca. La fuga de Puigdemont, consentida, pactada o fruto de la audacia del prófugo, es una losa insoportable para un cuerpo del que desconfía una parte sustantiva de la población por el sesgo ideológico de muchos de sus mandos.