España acaba de vivir uno de los pasajes más nauseabundos de su historia diplomática. El líder venezolano Edmundo González Urrutia y ganador de las pasadas elecciones denunció este miércoles que firmó un documento, antes de salir de Venezuela y en la Embajada Española, bajo coacción del régimen de Nicolás Maduro: fue amenazado para que firmara su salida de Venezuela porque, en caso contrario, tendría que "atenerse a las consecuencias", según las propias palabras de Edmundo González. Y todo ello ocurrió en la residencia del embajador español en Venezuela, Ramón Santos, con la presencia expresa de Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge, ambos con la entrada en territorio UE prohibida por Bruselas por ser parte clave del régimen narcodictatorial de Maduro.
El embajador
Pues bien, Ramón Santos no es un desconocido en estas materias. En el año 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez envió a Bolivia a esta misma persona. ¿Por qué? La primera razón, porque era el histórico embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en La Paz. Y, dos, porque Evo Morales había perdido las elecciones y se acababa de desatar una crisis diplomática con el país andino y el nuevo Gobierno que había acusado ya a España de ayudar a salir a miembros del Gobierno de Morales para que no fueran juzgados.
Ramón Santos fue embajador en Bolivia entre 2008 y 2013. De hecho, fue uno de los garantes de las excelentes relaciones entre el Gobierno de Evo Morales y el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.
Santos permaneció más de dos semanas en Bolivia durante el "momento más agudo de la crisis", según reconocieron en su momento fuentes del Ministerio.
"Santos estuvo como enviado especial para el refuerzo de la embajada", añadió aquella versión oficial. Eso sí, el Gobierno de Sánchez, una vez más, se negó a desvelar la agenda de Ramón Santos en Bolivia.
¿Y cuál fue la versión del nuevo Gobierno de Bolivia? El Gobierno entrante acusó a España de injerencia en su soberanía por intentar sacar del país a ex dirigentes de Morales.
Contexto
El contexto era el siguiente: Bolivia llegó a expulsar a dos representantes de la misión diplomática de España en Bolivia (Cristina Borreguero —la encargada de negocios de la Embajada Española— y Álvaro Fernández —cónsul en La Paz—) por la injerencia denunciada, que consistía en el intento de sacar del país a miembros del gobierno derrotado de Morales.
Y es que el Gobierno entrante sostuvo que la Embajada de España, a la que se envió el refuerzo de Ramón Santos, había cometido "atropellos" a la soberanía boliviana por lo ocurrido "en la sede diplomática de México" en La Paz. La ministra del Exteriores del país sudamericano, Karen Longaric, denunció concretamente que "personas que han sido identificadas como funcionarios de la Embajada de España en Bolivia, acompañadas por personas con el rostro cubierto, intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática de México en La Paz".
Longaric añadió que "la pregunta número uno es cuál era el motivo para que la ministra consejera de España visitase a la embajadora de México acompañada de personas con el rostro cubierto y presumiblemente armadas, como han denunciado los vecinos de la zona". Y explicó que "la Cancillería boliviana cursará una nota a la Cancillería del Reino de España denunciando estos atropellos y reclamando el cumplimiento riguroso de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas".
El choque diplomático se inició el 27 de diciembre de 2019, cuando el Gobierno entrante de Jeanine Áñez concretó esta acusación y especificó que diplomáticos españoles habían intentado sacar a funcionarios bolivianos de la administración de Evo Morales asilados en la Embajada de México. Y no se trató de la primera muestra de la actitud del Gobierno español: los gobiernos de Bolivia y México ya habían tenido enganchadas por el asilo y apoyo de este último al expresidente Evo Morales.