El nuevo articulado con el que el Gobierno quiere modificar la Ley Orgánica 7/2014 sobre el intercambio de información sobre antecedentes penales en la Unión Europea incluye una enmienda trampa que beneficiaría a casi una cuarentena de terroristas de ETA que están en prisión. La propuesta fue incorporada por Sumar en el Congreso de los Diputados y ni los diputados ni asesores de PP y Vox fueron capaces de darse cuenta del engaño.
La artimaña del Gobierno de Pedro Sánchez que ha llevado a esta situación comenzó en 2022. En ese momento el anterior Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos comenzó a trabajar en la redacción del nuevo texto. Los colectivos de víctimas de nuestro país mostraron entonces públicamente su intranquilidad por la posibilidad de que el Gobierno incluyese la vía europea que restaba años de prisión en un país por los años cumplidos en otro (aunque se tratase de delitos diferentes).
Entonces, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que orgánicamente depende del Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska, remitió en febrero de 2022 un email a las diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo intentando tranquilizarlas, diciendo que la parte de la directiva europea que podría beneficiar a los terroristas de ETA en prisión jamás se incluiría en la legislación española.
El contenido íntegro de esa misiva, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, era el siguiente:
Estimados/as Presidentes/as y Gerentes de las Asociaciones y Fundaciones de Víctimas del Terrorismo:
A raíz de lo publicado en algunos medios de comunicación, sobre la inclusión en el Plan Anual Normativo del Anteproyecto de Ley para modificar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, y una vez consultado al Ministerio de Justicia sobre el alcance del citado anteproyecto, el mencionado Ministerio nos ha comunicado que la propuesta responde al cumplimiento de la obligación de transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/884, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en el que respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se sustituye la Decisión 2009/316/JAI del Consejo (Directiva ECRIS).
A tales efectos, el Ministerio de Justicia está elaborando un Anteproyecto de Ley que modifica la LO 7/2014, de 12 de noviembre, en cuestiones relacionadas con el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS); es decir, solo en cuestiones que afectan al intercambio de información sobre antecedentes penales entre el Registro Central de Penados y las autoridades responsables de los registros nacionales de los Estados miembros. En consecuencia, no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea.
Con esta transposición se avanza en la interoperabilidad de bases de datos con otros países de la UE, particularmente en lo que se refiere a los registros de antecedentes penales, con el objetivo de promover y agilizar la cooperación jurídica entre los países en la lucha contra la delincuencia, al tiempo que se contribuye a la construcción de un espacio común de libertad, seguridad y justicia en el seno de la UE.
Esperando que esta información sea de vuestro interés, os envío un atento saludo
A mediados de septiembre, el Congreso de los Diputados empezó a tramitar la modificación legal de la Ley Orgánica 7/2014. El PSOE y EH Bildu, la coalición electoral que integra a los herederos de Batasuna-ETA, habían acordado incluir en el texto las medidas que beneficiaba a los etarras que permanecen en prisión. Ese pacto contaba con el conocimiento y el apoyo de Sumar, la coalición de Yolanda Díaz, que se prestó a blanquear la jugada.
Fue Sumar la formación política que registró las dos enmiendas que beneficiaba a los terroristas de ETA en la Comisión de Justicia dle Congreso.. Ni los diputados ni los asesores de PP, Vox o UPN se dieron cuenta de la trampa y votaron a favor de sacar la ley adelante con la enmienda trampa de Sumar. Todos los partidos del Congreso aprobaron la modificación legal en bloque. Este martes debería ser votada en el Senado, aunque ya con las trampas al descubierto.
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