Pedro Sánchez, antes y después de impulsar y aprobar la ley del sí es sí suelta violadores, no ha dejado de asegurar que seguirá destinando más partidas a la lucha contra "la violencia de género". Pero en la Administración Pública -es decir, en su propia casa- tienen dudas muy severas de que la brutal cartera de gasto destinada teóricamente a ese fin lo esté siendo realmente para satisfacer las acciones necesarias para recortar los acosos o agresiones sexuales.
Denuncia del CSIF
CSIF, el mayor sindicato de empleados públicos de España, de hecho, acaba de recabar un dato que afirma lo contrario de lo publicitado. Y es que los contratos bonificados o de sustitución para mujeres en situación de "violencia de género" ha caído en sólo un año en nada menos que un 40%.
"El Gobierno incumple su plan de igualdad y recorta los contratos bonificados", señala el sindicato. "En el ámbito concreto de las Administraciones Públicas y en general en el mercado laboral, destacamos varios hechos preocupantes en la lucha contra la violencia hacia la mujer", señala el sindicato.
Y es que, según los datos oficiales recabados por CSIF, "el número de contratos bonificados y de sustitución por violencia de género disminuyeron el año pasado un 40 por ciento con respecto a 2022, lo que evidencia que las mujeres afectadas no están recibiendo el apoyo necesario en el ámbito laboral". Y lo evidencia en la empresa en la que, por explicarlo de una forma sencilla, el patrón es Sánchez.
Incumplimiento del Plan de Igualdad
"En el ámbito específico de la Administración General del Estado, CSIF denuncia que el Gobierno ha aparcado su Plan de Apoyo y Asesoramiento a las víctimas de la violencia de género, dejándolo sin desarrollo e incumpliendo una de las medidas estrella de su III Plan de Igualdad", añade el sindicato, que pide más fuerza para controlar este asunto.
La medida propuesta por CSIF "pretende favorecer el acompañamiento de las víctimas en el ámbito laboral, facilitándoles desde el primer momento un entorno seguro, siendo asistida por asesores, psicólogos y otros profesionales que le informarán sobre sus derechos, proceso judicial y acompañamiento en el caso de la denuncia" y es que "el Gobierno ha sido incapaz de poner en marcha esta medida en un ámbito de su plena competencia, como es la Administración General del Estado", destaca CSIF.
Reclamaciones del sindicato
Otro de los datos que han llamado la atención del sindicato es el siguiente: "Se han multiplicado por cuatro los quebrantamientos de medidas de protección respecto al número de víctimas en el periodo comprendido entre 2013 y 2023. Esta evolución exige un análisis para detectar en qué estamos fallando a la hora de proteger a las víctimas", añade CSIF.
CSIF también reclama, entre otras cuestiones, el "refuerzo de los juzgados especializados en violencia de género", para acabar con las dilaciones, "programas específicos de inserción laboral para mujeres víctimas de violencia" y una "mayor coordinación entre administraciones y agentes sociales para optimizar los recursos y esfuerzos en la lucha contra la violencia de género".