El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha trasladado al Tribunal Supremo la denuncia presentada por el empresario Álvaro Romillo contra el eurodiputado Luis Alvise Pérez, al no poder imputarle por estar aforado como eurodiputado. Según el magistrado, existen "indicios sólidos" de un presunto delito de financiación ilegal vinculado a la formación política de Alvise, que habría recibido supuestamente 100.000 euros de forma irregular para su partido, Se acabó la Fiesta (SALF).
En la exposición recogida por Europa Press, el magistrado señala a Romillo por existir también indicios para investigarlo de forma conjunta con Alvise en el marco de esta causa, dado que las presuntas acciones de ambos están "íntimamente conectadas" como dos caras "de una misma moneda". El empresario, financiador de Alvise, podría haber incurrido en una "actividad activa de donación o de aportaciones ilegales" destinadas a la formación política.
La investigación apunta a que Alvise habría solicitado la "colaboración" de Romillo para crear un monedero virtual o wallet en el que recibir donaciones anónimas destinadas a financiar la campaña electoral de SALF en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Estas contribuciones habrían quedado "fuera de todo control público". Además, los 100.000 euros aportados por Romillo servirían, según el juez, para que Alvise promoviera las plataformas de negocio de Romillo, como Sentinel y Madeira Invest Club.
En este sentido, Calama detalla que el empresario habría buscado obtener nuevos inversores para Madeira Invest Club, a los que cobraba una comisión del 10%. Según la investigación, Alvise y Romillo habrían acordado repartirse estas ganancias.
Actividades sospechosas
Uno de los momentos clave que menciona el juez es el primer evento de colaboración, celebrado el 6 de abril en el Hipódromo de la Zarzuela, donde el eurodiputado presentó su programa político centrado en la "libertad financiera" ante un grupo de 3.000 inversores de Madeira Invest Club. Según el magistrado, Alvise también defendió allí las ventajas de su plataforma financiera, de la que aseguró que operaba "fuera de cualquier control financiero" y ofrecía "una significativa rentabilidad sin tributar".
Calama alude también a un mensaje de audio en el que Romillo informó a Alvise que su plataforma —a la que aludió como "la obra"— había recaudado 100 millones de euros en solo 53 minutos.
Así, el juez concluye considerando que los hechos investigados podrían constituir un delito de financiación ilegal de partidos políticos, recogido en el Código Penal, así como un delito electoral según el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Unas irregularidades que, a su parecer, podrían haber puesto en riesgo valores constitucionalmente protegidos, afectando "al juego limpio electoral como garantía del pluralismo político". El caso queda ahora en manos del Tribunal Supremo.