El aviso del Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido de efectuar posibles investigaciones futuras por un delito de prevaricación no ha sentado nada bien en el bloque izquierdista del Tribunal de Garantías.
Tal y como publicó LD, un auto del Supremo, que rechazó una querella contra Conde-Pumpido y los magistrados izquierdistas por el ‘indulto encubierto’ a los dirigentes socialistas condenados por el caso de los ERE del PSOE de Andalucía, dejaba las puertas abiertas a posibles investigaciones a estos magistrados. Dicha resolución afirmaba que no hay "carta blanca" en el Constitucional.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el auto del Tribunal Supremo ha provocado una gran indignación y a la vez una gran preocupación de los magistrados izquierdistas del TC por lo que consideran un ataque injustificado del Alto Tribunal".
"Algunos magistrados izquierdistas como Ramón Sáez Valcárcel han llegado a plantear incluso que se efectúe una respuesta institucional al Supremo desde el propio Constitucional afeando el contenido del auto y su ‘aviso a navegantes’. Por su parte, Conde-Pumpido ha optado por el silencio y por mantenerse por el momento de perfil", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la resolución del Supremo ha hecho mucho daño en el TC, lo cual es muy significativo. No se descarta que en próximos fechas se produzca un segundo aviso del Supremo en forma de otro nuevo auto. Esto constataría que el Alto Tribunal va en serio a la hora de cortar las alas al tribunal que preside Conde-Pumpido. No habría ya ninguna duda al respecto de que la advertencia va en serio".
El auto del Supremo que ha levantado la polémica fue redactado por el magistrado Andrés Palomo. En él, señalaba que "la justicia o injusticia de las resoluciones objeto de querella, por extralimitarse en las funciones legalmente encomendadas al Tribunal Constitucional en clara invasión de la interpretación de la norma penal sustantiva que compete a los órganos de la jurisdicción penal y, señaladamente, al Tribunal Supremo, desnaturalizando el recurso de amparo al convertirlo en una segunda casación sobre la subsunción de los hechos probados en la norma penal sustantiva (...) Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado".
"Esta disposición", subrayaba, "no significa que la dinámica de funcionamiento jurisdiccional del Tribunal Constitucional, resulte ajena de manera absoluta a eventuales recursos o a control jurisdiccional alguno por parte del poder judicial o de otros poderes del Estado. No equivale a una suerte de inviolabilidad de los miembros del Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus funciones; como pudiera derivarse de eventual infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, etc".
"En todo caso, ello no supone el otorgamiento de carta blanca al Tribunal Constitucional para resolver sin atenerse jurídicamente a la cuestión, pero sí estrecha los contornos en los que puede desenvolverse el examen de la injusticia que determine su subsunción en el delito de prevaricación. Precisa sobrepasar de manera patente la mera ilegalidad y contradicción con el Derecho, la imposibilidad de sostenerse mediante algún método aceptable de interpretación de le ley; en definitiva, resoluciones y sentencias que no observaren la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, sino que se trate, pura y simplemente, de producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad", concluía el auto.
El ‘último’ escándalo del TC
Tal y como publicó este diario, el último escándalo acaecido por el momento en el Constitucional tenía lugar hace 10 días cuando Cándido Conde-Pumpido y cinco magistrados izquierdistas apartaban al magistrado conservador José María Macias de dos procedimientos sobre la Ley de amnistía del 1-O en los que no está recusado.
Cabe destacar que no se puede apartar a un magistrado de una deliberación de forma deliberada si no hay recusación ni abstención. En este contexto, no se puede descartar que la resolución de Conde-Pumpido y de los otros cinco magistrados izquierdista pueda suponer "la comisión de un presunto delito de prevaricación".