Sociedad Civil Catalana (SCC), la entidad constitucionalista que mantiene abiertas las causas por malversación y contra la ley de amnistía en el Tribunal de Cuentas y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha emitido un duro comunicado en el que acusa al Gobierno y al Govern de la Generalidad de haber adoptado "como estrategia de supervivencia la concesión de privilegios legales y políticos a una minoría parlamentaria que forzó el orden constitucional y que continúa trabajando en el desmantelamiento del Estado en Cataluña y contra la integridad territorial de España".
La organización (de la que formó parte el actual presidente de la Generalidad, Salvador Illa, antes del golpe de Estado separatista) sostiene que "el vaciado de competencias y funciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ilustra la voluntad de acabar con la unidad territorial de España". También tacha a Pedro Sánchez y a Illa de "rehenes de condenados y prófugos" y lamenta que "en su momento de mayor debilidad social y parlamentaria, el chantaje del secesionismo cosecha un triunfo tras otro gracias al entreguismo de los gobiernos de España y de la Generalidad".
Comparecencia de un terrorista
La junta directiva de SCC alude también a la reciente comparecencia de un terrorista islamista en el Congreso a petición de Junts, que califica como "la imagen más repulsiva del sometimiento de las instituciones a la ideología perversa y peligrosa" del nacionalismo y destaca que "negociar con un prófugo asuntos de gobierno que afectan a todos los españoles, hacerlo fuera de territorio español y recurriendo a la figura de un mediador evidencia la ausencia total de valores e inexistencia de líneas rojas" de Pedro Sánchez.
La financiación privilegiada de Cataluña también es objeto de críticas por parte de SCC, que señala que "cualquier mejora del sistema de financiación autonómica debe beneficiar a todos los españoles" porque "lo contrario atenta contra la igualdad entre los ciudadanos y a la solidaridad entre los territorios". Además se muestra contrarios al desarrollo de una hacienda catalana porque "sería una reforma de la Constitución por la puerta de atrás, obviando que la soberanía nacional reside en el pueblo español".
El comunicado reprocha a Illa y su gobierno que no cumpla las sentencias sobre el 25% de español en la enseñanza obligatoria y le acusa de conculcar los derechos fundamentales de los castellanohablantes., así como de no garantizar la neutralidad institucional en la Educación y la Sanidad, entre otros ámbitos.