La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, aportó en sede judicial toda una serie de datos que ha reforzado la credibilidad de la acusación de Víctor de Aldama de que Santos Cerdán habría cobrado dinero por obras públicas amañadas.
La información aportada al Supremo por Pardo de Vera detalló que José Luis Ábalos y Koldo García le preguntaron por una obra y pagos muy concretos a una constructora vasca con actividad en Navarra. La obra en cuestión no fue menor: las indicaciones apuntan a la adjudicada por 54 millones por la plataforma del subtramo ferroviario Olite-Tafalla Sur. Y ello implica que esa empresa estaría dentro de lo que la trama denominaba como el "cupo vasco" que habría gestionado, a efectos de cobro de comisiones, Santos Cerdán. Ahora sabemos que, para colmo, la empresa beneficiada quebró a los cinco años de recibir esa adjudicación de 54 millones de euros.
La empresa en cuestión es Construcciones Murias. Y la Justicia decretó su quiebra con una deuda de 70 millones de euros en marzo de 2024.
Las claves de la investigación
Fue el Juzgado Mercantil número 1 de San Sebastián el que tomó la decisión de aplicar el concurso de acreedores de Construcciones Murias SA, suspendiendo su facultades de gestión y disposición de bienes y nombrando administrador concursal. Sus últimos balances mostraron una deuda de 70 millones y unos activos cercanos a los 100 millones. Ahí se englobaban suelos para desarrollos residenciales, locales comerciales y aparcamientos.
De hecho, en sus cuentas se pudo ver que en 2022 facturó 51 millones, casi el triple que el año anterior. Pero el auge no se tradujo en beneficios. Todo lo contrario: las cuentas reflejaron unas pérdidas de 7,4 millones.
¿Y cuándo se adjudicó la obra en cuestión? En enero de 2019 el Consejo de Administración de Adif AV adjudicó por 54.575.951,80 euros (IVA Incluido) el contrato de construcción de la plataforma del subtramo Olite-Tafalla Sur, incluido en el tramo Castejón-Comarca de Pamplona del nuevo Corredor Cantábrico-Mediterráneo.
El plazo de ejecución estimado era de 42 meses, según destacó en aquel momento un comunicado oficial que explicaba, además, que el subtramo Olite-Tafalla Sur, tenía una longitud de 7,6 kilómetros, y discurría por ambos municipios. El proyecto estaba diseñado como plataforma de vía doble de ancho estándar. Y la adjudicación fue a parar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que se encontraba Construcciones Murias, justo la empresa a la que se refirió Isabel Pardo de Vera.
Es decir, que el periodo de aumento de los ingresos coincide con la ejecución planificada de la obra señalada.
El plan
En el proyecto se contemplaron también falsos túneles, la construcción de dos pasos inferiores, un paso superior y once obras de drenaje transversal. La obra también incluyó la ejecución de pasos de fauna, instalaciones ferroviarias, obras complementarias y la reposición de servicios afectados.
Es decir, era una obra considerable y de coste notable. Y se cerró recién entrado el Gobierno socialista, lo que implicaría que la presunta red de amaño de obras públicas habría estado operativa desde casi el inicio del mandato de Pedro Sánchez.
Hay que recordar que el magistrado Leopoldo Puente citó a declarar este pasado miércoles a Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes y expresidenta de Adif, en condición de testigo. Ella sabía ya que las acusaciones populares persiguen su imputación. Y Pardo de Vera deslizó una información sensible a efectos de la línea de investigación que se encarga de la denuncia de amaño de obras públicas realizada por Víctor de Aldama. Pardo de Vera afirmó que José Luis Ábalos y Koldo García le preguntaron por dos adjudicaciones y pagos muy concretos de ADIF -sociedad pública dependiente del Ministerio de Ábalos-: Levantina y el Grupo Murias.
Levantina, por su parte, es la famosa constructora de José Ruz, persona de total cercanía a Ábalos y que ha recibido igualmente subvenciones del Gobierno regional del PSOE en la Comunidad Valenciana. Levantina es también la de la polémica adjudicación de la obra de la Delegación de la Agencia Tributaria Canaria bajo mando del ahora ministro Ángel Víctor Torres. Levantina es también una de las que mantuvo reuniones en el restaurante madrileño La Chalana, donde se gestaba la trama. Y es, además, una de las que Aldama ha señalado como relacionadas con las obras bajo sospecha.