Las asociaciones de la Guardia Civil han mantenido una reciente reunión con la directora del Cuerpo, Mercedes González. En ella han remarcado su reclamación de contar ya con una equiparación salarial real con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, como los mossos, una promesa tan antigua como incumplida. Pero la reunión ha servido para constatar una segunda cuestión. La asociación mayoritaria reclamó en esa cita la restauración del recorte salarial de un 5% realizado en su momento por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Catorce años después. Se trata de un tema que el Gobierno ha debatido ya con todos los funcionarios españoles. Con todos, menos con la Guardia Civil. Porque, como destaca en sus actas JUCIL, no ha obtenido ni respuesta del mismo Ejecutivo que se reúne con todo el resto de empleados públicos para solventar este asunto.
Pérdida de poder adquisitivo
Las actas de la reunión en poder de JUCIL señalan este asunto: "recuperación del 5% detraído en 2011". Y aclaran: "Desde 2011, los guardias civiles sufren un recorte del 5% en sus retribuciones que nunca se ha restituido completamente, especialmente en las pagas extraordinarias. Esto ha generado una pérdida acumulada de poder adquisitivo superior al 15%". El problema es claro e igualmente concreta fue la petición a la directora política del cuerpo, cargo dependiente directamente del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Y también se podría decir que fue clara la respuesta: "No se obtuvo respuesta por parte de la Dirección General", recoge en sus actas JUCIL.
La inexistente respuesta no genera, obviamente, un clima de optimismo en la asociación de guardias civiles. JUCIL, de hecho, ha solicitado formalmente a la Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González, que impulse la equiparación salarial con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, aplicando el principio de "a igual trabajo, igual salario". Y, dentro de ella, que solvente la pérdida de poder adquisitivo acumulada.
En esa misma reunión, Ernesto Vilariño, Secretario General de JUCIL, reclamó una atención prioritaria a una serie de demandas históricas que afectan directamente a "la dignidad profesional, la eficacia del servicio y los derechos laborales de los agentes. La discriminación salarial y organizativa que sufren los guardias civiles respecto a otros cuerpos policiales y funcionarios públicos sigue sin resolverse", señaló Vilariño.
"Se lleva demasiado tiempo ignorando a una institución clave para el bienestar del país. La equiparación salarial con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado es indignante y las diferencias siguen creciendo. Esto no puede seguir así; es una injusticia para quienes formamos parte de este cuerpo", denuncia Vilariño.
Para JUCIL, el desbloqueo de la subida salarial debería ser una prioridad en el Ministerio del Interior. "El Ministerio presume de tener un cuerpo digno de estudio por Europa en la lucha contra el narcotráfico pero al que maltrata tras varios años de bloqueo en la mejora de las condiciones, lo que redunda en diferencias salariales, organizativas y laborales entre sus diferentes cuerpos policiales sin razón alguna", explica Vilariño.
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